El magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga los negocios privados de Begoña Gómez desde hace más de un año, ha pedido al Tribunal Supremo que impute al ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, a quien tomó declaración, en calidad de testigo, a mediados de abril por la presunta contratación irregular de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno en la Moncloa.
El titular del juzgado número 41 de Madrid considera que en este punto de la investigación tiene capacidad de concluir indiciariamente que Álvarez realizó funciones de atención de carácter “estrictamente privado” a Gómez percibiendo un salario público, por lo que entiende que el titular de Justicia “no contestó a la verdad que conocía”. En la exposición razonada remitida a la Sala II del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, pide investigar a Bolaños por malversación y falso testimonio, al no poder hacerlo Peinado debido al aforamiento.
Peinado abrió una pieza separada para indagar en las labores que llevó a cabo Álvarez como asistente de Gómez, en concreto sobre sus actividades profesionales vinculadas a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. La investigación, asegura Peinado en su escrito, permite concluir que Álvarez, contratada con funciones de directora de Programas, realizó funciones de atención a Gómez de carácter privado, al margen de cualquier acto público o protocolario, que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno.
Este extremo fue negado por la propia Álvarez cuando fue llamada a declarar por Peinado en calidad de investigada. La asesora de Gómez insistió en que su trabajo pasa por coordinar la agenda institucional de la mujer del presidente del Gobierno, además de cuadrar sus actos oficiales. Y si realizó algún favor en proyectos profesionales de Gómez fue debido la relación de amistad que las une.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras conocer el procedimiento iniciado por el juez para su imputación ha expresado su “tranquilidad absoluta” y su “confianza plena en la justicia” y especialmente en el sistema de recursos que puede revocar resoluciones que no se ajustan a derecho, como a su entender sucede con la solicitud del juez Peinado. Bolaños asegura que “no contiene nada que me pueda preocupar” y ha añadido que a su juicio, contiene “errores de bulto”.
Cuando el 16 de abril el magistrado se trasladó a Moncloa para tomarle declaración a Bolaños, el ministro defendió que la figura de asistente de la mujer del presidente no fue un cargo que se creó cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, en junio de 2018, tras la moción de censura. Declaró que no participó en el nombramiento de Cristina Álvarez ni tampoco fue su jefe. Es más, que ni la conoció hasta semanas después de la contratación. En el momento de los hechos, Bolaños era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Además, aseguró que la contratación de este cargo de confianza se hizo conforme a la ley, siguiendo la normativa sobre personal eventual.
En la exposición razonada, de 32 páginas, se abren dos bifurcaciones en el recorrido que puede tener el futuro judicial de Bolaños. Con respecto al posible delito de malversación, Peinado asegura que Bolaños pudo haber participado “directamente” en el nombramiento de Álvarez, conociendo o no controlando las tareas que llevaba a cabo percibiendo una partida de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto al presunto delito de falso testimonio, Peinado sostiene que omitió “con reticencias maliciosas” las correctas contestaciones que respondieran “a una verdad que conocía” cuando prestó declaración como testigo y, por tanto, con obligación de decir la verdad.
Peinado envía la exposición razonada explicando que se encuentra ante la “imposibilidad” de seguir adelante con la instrucción sin acordar diligencias, debido al aforamiento de Bolaños. El magistrado asegura que es necesario interrogar a Bolaños en calidad de investigado, además de reclamarle cuanta documentación exista sobre la contratación de la asesora y las cantidades cobradas por ella. “Es el momento de efectuar la presente exposición razonada al considerar la existencia de indicios razonables sólidos y cualificados para considerar la participación, a título de autor, del aforado Félix Bolaños de un posible delito de falso testimonio y a título de coautor, de un delito de malversación de caudales públicos”, concluye.
El instructor, que puede enviar esta ramificación al Supremo sin renunciar a la investigación contra Gómez porque abrió una pieza separada, también avisa que en este momento procesal con respuestas “evasivas” solo cabría acordar la entra y registro de la Moncloa para hacerse con el documento del nombramiento de Álvareza, aunque a continuación reconoce que esta diligenica sería “contraria al principio de proporcionalidad”.
“Máxima tranquilidad en el Gobierno”
Desde el Gobierno aseguran que han recibido con la “máxima tranquilidad” pida imputar a Bolaños, aunque a su vez aseguran estar “preocupados” por cómo esta decisión afecta a la imagen de la Justicia. Fuentes gubernamentales aseguran que el escrito “acusa al ministro de falso testimonio” porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo. Sin embargo, trasladan las mismas fuentes, “la realidad es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó. “Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones”, añaden.
Respecto a la malversación, prosiguen, el escrito afirma que los responsables de la Secretaría General de la Presidencia eran los responsables del nombramiento de Álvarez y que debían conocer un supuesto uso irregular de recursos públicos en favor de actividades privadas de Gómez. Sin embargo, tal y como se puede leer en la documentación aportada y la legislación aplicable, y han ratificado los testigos, la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y Cristina Álvarez no dependía de este departamento.
“Además, no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos . Es paradójico que el escrito lo califique de “público y notorio” cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación”, concluyen las mismas fuentes de Moncloa.
Reacción tibia del PP
Preguntado por la investigación abierta por el juez Peinado, que ha pedido la imputación del ministro Bolaños al Tribunal Supremo por dos presuntos delitos de malversación y falso testimonio, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido que hay que esperar a la decisión judicial: “No debemos adelantarnos”.
Aun así, ha referido que esta situación obedece a que “no hay un día sin escándalo” para el Gobierno, que cada jornada afronta una nueva “vergüenza”. En cualquier caso, el dirigente popular, a pesar de que considera que el titular de Justicia es el miembro “más cínico” del Gabinete de Sánchez, ha dado una prudente respuesta: “Vamos a ver cómo avanza la cuestión”, ha declarado.
