Los gobiernos central y canario alcanzaron ayer un acuerdo para la atención del millar de menores migrantes no acompañados que están en el archipiélago y que han solicitado asilo, para cumplir así con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo (TS) que estableció en un auto que el Estado debe integrarlos en los recursos de protección internacional.
El acuerdo implica que, de entrada, el Ministerio de Migraciones va a dar de alta de manera inminente en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores, que son los que la Comunidad Autónoma ha identificado hasta el momento como solicitantes de protección internacional.
La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, anuncio el acuerdo tras una reunión telemática con representantes del Gobierno de España en la que se acordó establecer las medidas necesarias para dar solución a la situación, atender cada caso desde la individualidad y proteger los derechos fundamentales y el interés superior del menor.
Por parte del Gobierno central participaron representantes de los ministerios de Inclusión, Infancia, Interior y Política Territorial, así como de la Abogacía del Estado, integrados en la comisión interministerial de inmigración.
Al acuerdo será rubricado hoy a las 13.00 horas (las 12:00 en Canarias) en la sede del Ejecutivo autonómico en Santa Cruz de Tenerife por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, y se elevará conjuntamente al TS para dar cuenta de las acciones realizadas, en coordinación y colaboración entre ambas administraciones.
Hace tres semanas la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ordenó al Ejecutivo central tomar medidas urgentes y le amenazó con multas, después de que el Ministerio de Migraciones y el de Interior reconocieran que ni tan siquiera habían evaluado a ningún menor migrante solicitante de asilo del millar que debían acoger por orden del propio tribunal.
Por ahora, de los cerca de 1.200 menores iniciales, hay 827 menores con toda la documentación correcta, puesto que están incluidos en las bases de datos de ambas administraciones, mientras que hay 367 que no están en la base de datos del Ministerio del Interior.
Canarias ha ido remitiendo oficialmente la documentación de todos los menores con solicitud de protección internacional y la plaza o lugar en la que le correspondería tener el asilo, pero en algunos casos es necesario depurar las bases de datos que mantiene Canarias y el Ministerio del Interior para resolver esas discrepancias.
Cada menor tiene un proyecto migratorio que puede ser seguir hacia otro lugar o permanecer en Canarias
A partir de ahora, se crea un comité interadministrativo que se reunirá cada martes desde la próxima semana y que se encargará de determinar la plaza más adecuada en el territorio español para cada menor, una plaza que excepcionalmente puede ser en Canarias si supone velar por el interés superior del menor. Cada menor tiene un proyecto migratorio que puede ser seguir hacia otro lugar o permanecer en Canarias, ha apuntado.
Para la primera reunión del comité interadministrativo, las partes se han comprometido a tener 250 expedientes listos para el traslado a corto plazo de estos menores “en cuanto el Estado nos diga adónde y en qué dispositivo transitorio”, ha dicho Sandra Rodríguez.
En todo caso, ha dejado claro que Canarias no puede seguir soportando sola está presión como ha venido soportando a lo largo de estos años. Señaló que de todos estos acuerdos se dará traslado al Tribunal Supremo, al que Canarias comunicará “todo aquello que hemos ido detectando a lo largo de estos días”.
“Ha habido momentos en los que se nos ha estado exigiendo incluso documentación más allá de lo estrictamente establecido en la ley”, pero “ya hemos conseguido dejar claro que no se nos puede pedir más”, ha señalado la directora general.
Sandra Rodríguez ha garantizado que la Comunidad Autónoma seguirá luchando “por el derecho que tienen estos menores a esa plaza de asilo”, que es independiente del reparto que pueda producirse por la modificación de le ley de extranjería, ha manifestado.