La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando el domicilio de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el marco del 'caso Koldo', según confirman fuentes de la investigación.
El instructor ha acordado este registro después de recibir por parte del juez el Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el informe de la UCO donde señala a estos dos exaltos cargos.
Puente envió a Moreno la información porque este segundo tiene la parte de la investigación sobre el caso Koldo que no afecta ni a Ábalos, ni a su exasesor Koldo García, ni a Cerdán ni al empresario Víctor de Aldama.
Moreno ya imputó a Pardo de Vera por la contratación de la exnovia de Ábalos en una empresa dependiente de ADIF. Sin embargo, el último informe de la UCO la implicaba en el amaño de adjudicaciones. El instructor del Supremo ya advirtió en una resolución que existían “indicios consistentes” que Pardo de Vera y de Herrero, “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a Ábalos, a través de Koldo García, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”.
Presuntamente facilitaron de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía.
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En su informe, la UCO analiza los amaños a otras empresas, además de Acciona, en las que se desprende García gestionaba para que fueran adjudicatarias. Un ejemplo es una obra en Asturias a favor de LIC, para la que pide el favor a Pardo de Vera.
En una conversación grabada por el propio García en 2019 y hallada por la UCO, el entonces asesor del ministro pide ayuda para que facilite una adjudicación a esta empresa:
Koldo García (K):Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo.
Isabel Pardo de Vera (I): Le hemos dado una de 700.000, hace nada.
K: Entonces no.
I: Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo.
Apenas un mes después de la conversación, ADIF propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.053 euros.
De las obras analizadas, la UCO determina que las empresas Acciona, Opr y Lic fueron las grandes beneficiarias del trío Cerdán, Ábalos y García en la presunta adjudicación irregular de contratos de obra pública por parte del Ministerio de Transportes.
Uno de los pasajes que la UCO destaca sobre el papel que ejercía Cerdán en Transportes es el “interés desmedido” que mostró tras conocer que quien fuera el secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura quisiese cesar al director general de Carreteras Javier Herrero porque podía “contar lo que hay”.
Así se desprende de otro de los audios grabados por García así como de una conversaciones mantenida por Whatsapp.
“A ellos les queda claro lo que le prometieron, ¿verdad? Porque me lo ha recalcado dos veces”, le dice García. “Es una locura, joder”, contesta.
Para la UCO, resulta reseñable que sin ostentar ningún cargo en el Gobierno, insistiera en promocionar a las dos personas que habían estado al frente de los dos estamentos (ADIF y Dirección General de Carreteras) encargados de adjudicar contratos “otorgándoles una mayor capacidad de decisión”. Incluso, Cerdán estaba dispuesto a lograr el cese de quienes habían puesto trabajas a una de las licitaciones que él había pedido que se hicieran, como el caso de Saura.
