La UCO cerca a Cerdán en el amaño de al menos dos contratos de obra pública por 60 millones

Bajo la sombra de la corrupción

La Guardia Civil encontró en el registro a Antxon Alonso un contrato privado que refleja que el exdirigente socialista había adquirido el 45% de Servinabar, una de las sociedades que se lucraba con contratos de la trama

Una mujer que acompañaba a Ábalos durante el registro trató de deshacerse de un disco duro

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El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su salida de su domicilio, este miércoles en Madrid.

EFE

Las últimas pesquisas de la investigación que afecta a los dos exsecretarios de organización del PSOE apuntan directamente a una empresa, Servinabar, investigada por haber recibido por lo menos dos adjudicaciones públicas por un total de 60 millones de euros en Navarra junto con Acciona con la que formaba una unión temporal para ambas licitaciones.

Lo último que se sabía es que desde esta sociedad, controlada por un amigo personal de Cerdán, Antxon Alonso, se hicieron transferencias a Koldo García.

Sin embargo, lo que no se conocía hasta ahora es que Santos Cerdán estaba detrás de esta empresa con el 45% de sus participaciones que no figuraban en ningún registro ni en su declaración de bienes en el Congreso a lo que estaba obligado como diputado.

Santos Cerdán

Adquirió el 45% de Servinabar nueve meses después de su constitución

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trabaja como policial judicial para el instructor del Tribunal Supremo que investiga este caso, encontró la semana pasada en el registro de las propiedades de Alonso un contrato privado con Cerdán. En éste se reconocía que el exdirigente socialista había adquirido 1.350 participaciones de un total de 3.000 en junio de 2016.

En el registro mercantil consta que Alonso registró la sociedad apenas nueve meses antes, en septiembre de 2015, de que Cerdán obtuviera el acta de diputado en el Parlamento de Navarra.

Los datos que constan en el registro mercantil no aclaran su tamaño y señala una facturación de entre un millón y dos millones y medio de euros. La última vez que presentó sus cuentas fue en 2021, año que coincide con la designación de Cerdán como secretario de organización del PSOE tras el cese de José Luis Ábalos.

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De toda la documentación incautada a Koldo García en febrero de 2024, la UCO halló conversaciones con Alonso y con Cerdán sobre facturas de esta sociedad.

Los investigadores lograron vincular a Servinabar con dos adjudicaciones en Navarra. Una de ellas sería la obra de la denominada Mina Muga concedida junto con Acciona por 56,9 millones de euros. Otra sería del pabellón deportivo Navarra Arena por 3,7 millones de euros, también de la mano de Acciona.

Todos estos datos provocaron que el instructor ordenara la entrada y registro del domicilio de Ábalos, el de Alonso y el de otros empresarios así como de la propia Servinabar, que se realizaron la semana pasada. En el acta del registro aparece el contrato privado de Cerdán que le sitúa en el epicentro de la trama.

Una vez que el ex secretario de organización ha renunciado a su acta de diputado y por tanto ha perdido el aforamiento, la UCO ha solicitado al juez que le permita analizar todo su patrimonio como cuentas corrientes –excepto las que tengan que ver con el PSOE–, bienes en el extranjero, facturas emitidas o información sobre relaciones societarias.

En la investigación hay un tercer proyecto que denominan en las comunicaciones intervenidas con el nombre de “panadero”, cuyos planos se corresponden con la ubicación actual de un supermercado internacional y un establecimiento hostelero denominado El Panero de Eugui en la localidad de Huete. Koldo García fue concejal del PSN en esta localidad entre 2011 y 2015.

Servinabar también concurrió en UTE, junto a Acciona, a otro concurso público que, de momento, no está siendo investigado en el Tribunal Supremo. Se trata de unas obras del túnel de Belate (Navarra), que lleva tiempo denunciando el principal partido de la oposición al gobierno socialista de María Chivite, Unión del Pueblo Navarro. Se trata de una inversión millonaria presupuestada en unos 76 millones de euros, que también podría estar envuelta en irregularidades durante el proceso de adjudicación.

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