El Tribunal Supremo hará seguimiento de la acogida de más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo llegados a Canarias que el Gobierno debe realizar, tal y como ordenó el alto tribunal. En una providencia con fecha de este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido al Gobierno central y al canario de que cada 15 días emitan un informe con los avances producidos para incorporar al millar de niños y adolescentes sin amparo familiar en el sistema de protección internacional estatal.
Los gobiernos central y canario alcanzaron la semana pasada un acuerdo para la atención del millar de menores migrantes no acompañados que están en el archipiélago y que han solicitado asilo, para cumplir así con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo (TS) que estableció en un auto que el Estado debe integrarlos en los recursos de protección internacional.
El acuerdo implica que, de entrada, el Ministerio de Migraciones va a dar de alta de manera inminente en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores, que son los que la Comunidad Autónoma ha identificado hasta el momento como solicitantes de protección internacional.
La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, anuncio el acuerdo tras una reunión telemática con representantes del Gobierno de España en la que se acordó establecer las medidas necesarias para dar solución a la situación, atender cada caso desde la individualidad y proteger los derechos fundamentales y el interés superior del menor.
Por parte del Gobierno central participaron representantes de los ministerios de Inclusión, Infancia, Interior y Política Territorial, así como de la Abogacía del Estado, integrados en la comisión interministerial de inmigración.
Hace tres semanas la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ordenó al Ejecutivo central tomar medidas urgentes y le amenazó con multas, después de que el Ministerio de Migraciones y el de Interior reconocieran que ni tan siquiera habían evaluado a ningún menor migrante solicitante de asilo del millar que debían acoger por orden del propio tribunal.
Por ahora, de los cerca de 1.200 menores iniciales, hay 827 menores con toda la documentación correcta, puesto que están incluidos en las bases de datos de ambas administraciones, mientras que hay 367 que no están en la base de datos del Ministerio del Interior.
Canarias ha ido remitiendo oficialmente la documentación de todos los menores con solicitud de protección internacional y la plaza o lugar en la que le correspondería tener el asilo, pero en algunos casos es necesario depurar las bases de datos que mantiene Canarias y el Ministerio del Interior para resolver esas discrepancias.
