Junts per Catalunya quiere desarrollar un órgano judicial catalán propio, el Consell de Justícia de Catalunya, a través de las enmiendas que ha registrado en el Congreso de los Diputados en la tramitación de la ‘ley Bolaños’. Se trata de un organismo ya previsto en el Estatut del 2006; si bien varios artículos que lo regulaban y con los que se dotaba de competencias fueron laminados por la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2010. Nunca se puso en marcha.
Al declarar inconstitucionales algunos puntos del primer redactado, desde el Alto Tribunal se apuntó que las competencias de ese órgano debían incluirse en una ley orgánica de ámbito estatal sobre la materia judicial. Por ello, JxCat ha querido aprovechar la tramitación de la 'ley Bolaños', que reforma diversas normas del ámbito judicial, explican fuentes de la formación. De hecho, la formación no presentó enmienda a la totalidad cuando se abordó por primera vez en la Cámara Baja.
Lee tambiénJueces y fiscales salen a la calle contra las reformas del Gobierno
Ese órgano que quiere impulsar JxCat, entre otras atribuciones, tendría la de designar al presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y los presidentes de Sala del alto tribunal catalán así como de las audiencias provinciales; nombrar y cesar a jueces que ejercen con carácter temporal como apoyo o como sustitutos; ejercer funciones disciplinarias sobre la magistratura en Catalunya o bien resolver determinados recursos de alzada.
El redactado que modificó el Constitucional ya preveía más o menos esas cuestiones, si bien con algunos matices. En el Estatut, por ejemplo, se hablaba de participar en la designación del presidente del TSJC y no de tener capacidad de escogerlo de forma directa, como se apunta ahora en las enmiendas.
En otro punto que fue tumbado se apuntaba ya que el Consell de Justícia de Catalunya es “el órgano del poder judicial en Catalunya” y que “actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último”.
Fuentes de la formación posconvergente sostienen que la reforma que propone el Gobierno de Pedro Sánchez que propone cambios sustantivos en la tarea de los fiscales y en el acceso a la carrera judicial es “parcial” y sobre cuestiones que afectan al Ejecutivo, mientras que Junts, según estas fuentes, propugna que la reforma del sistema judicial sea para que el sistema judicial español “sea acorde al de los países europeos y a los sistemas democráticos”. En ese sentido, varias de sus enmiendas técnicas tienen que ver con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Lee tambiénLos jueces y fiscales se plantan ante Bolaños, que se niega a retirar sus reformas
Con todo, las negociaciones entre posconvergentes y socialistas, a expensas de que el PSOE nombre a un nuevo interlocutor que sustituya a Santos Cerdán en la reunión del comité federal de este sábado, están ahora congeladas.
En el paquete de enmiendas de Junts, de 109 páginas, además se reclama la disolución de la Audiencia Nacional, considerado por diversos actores políticos como un “tribunal de excepción” que carece hoy de sentido; que los jueces que ejercen en territorios catalanoparlantes tengan la obligación de saber catalán; recuperar algunas competencias para la figura de los jueces de paz, como que puedan intervenir en divorcios sin menores de por medio y otros asuntos de ámbito civil o penal con delitos leves en los que no es preciso que haya un procurador, así como algunos aspectos de las reformas legales que registró JxCat para combatir la multirreincidencia al inicio de la legislatura y que, de momento, no han prosperado en el Congreso, como que robar un móvil con datos personales tenga una pena mayor a la que implicaría un hurto del valor del terminal.
Otro aspecto que piden desde la formación de Carles Puigdemont y Jordi Turull es que haya responsabilidad penal para los jueces que delinquen, con tribunales que se elijan por sorteo e incluyan también a personas ajenas al ámbito judicial.
