El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Isabel Pardo de Vera por su presunta implicación en la trama de amaño de obras públicas a cambio de mordidas liderada presuntamente por el triángulo Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García imputa a la ex presidenta de Adif cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal, tal y como consta en parte del sumario, al que ha tenido acceso La Vanguardia.
El pasado 5 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó en el Tribunal Supremo el demoledor informe contra Santos Cerdán, quien se encuentra actualmente en prisión provisional. Este informe ponía sobre la mesa supuestas irregularidades consistentes en el amaño de obras públicas, que tendrían su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. En concreto, se ponía el foco en ADIF y la Dirección General de Carreteras. Para operar la trama, Koldo García “se valía, presuntamente” de la entonces directora de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero. Al no ser aforados, el magistrado Leopoldo Puente mandó esta línea de investigación a la Audiencia Nacional, desde donde se abrió una pieza secreta que dio lugar a los registros llevados a cabo la semana pasada en los domicilios de Pardo de Vera y Herrero por su presunta implicación en la adjudicación de contratos de obra pública fraudulentos.
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif (Mariscal / EFE)
La UCO recoge en su informe como García acudía a Pardo de Vera “en repetidas ocasiones” para interceder en adjudicaciones de Acciona y LIC (Levantina Ingeniería y Construcciones). El 28 de enero de 2019, el ex asesor de Ábalos le remitió una imagen con los resultados de las ofertas presentadas para una licitación de obra ligada al proyecto de construcción de la línea de alta velocidad a Extremadura. En dicha imagen aparecía subrayada en amarillo fluorescente la línea correspondiente al resultado de la UTE CTNES Pérez Jiménez SL y OPR y en un color más tenue la oferta de Acciona. Dos horas más tarde, García mostró su descontento por la empresa que había obtenido la mejor puntuación: “Eso nos jode un poco”. Pardo de Vera pregunta por el fosforito de la UTE en la que participa OPR, contestando García que eso era “por disimulo”.
Otra de las adjudicaciones bajo sospecha es el proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por un valor estimado de 72 millones de euros. En referencia a esta licitación, Pardo de Vera escribió a García el 30 de mayo de 2019 para informarle de la apertura de ofertas económicas en “Sant Feliu”. Ese mismo día, tal y como recoge el informe, tuvo lugar la apertura de sobres evaluarles, siendo la de Acciona la novena más barata. En cuanto a la puntuación técnica, Acciona obtuvo la mayor puntuación, resultando adjudicataria de la obra.
Adicionalmente, los agentes apuntan que han apreciado que García también habría “ejercido su influencia” sobre Pardo de Vera para el favorecimiento irregular de la mercantil LIC. Por un lado, en una ocasión García acudió a la expresidenta de ADIF para lograr una reclamación sobre un expediente de la estación de AVE de Elche. Por otro, en una conversación entre ambos (grabada por García) el ex asesor solicitó a Pardo de Vera que le fuese adjudicada “alguna obra de emergencia” a LIC. Tras ello, Pardo de Vera le indica que LIC había resultado adjudicataria recientemente de una licitación de emergencia y otorgarle otra tan seguida iba a “cantar”, por lo que le prometió valorar las opciones. Un mes más tarde, ADIF propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por un importe de 592.053 euros.
Estas intercesiones, recoge el oficio, hechas por Pardo de Vera para favorecer a determinadas constructoras “han de ser entendidas junto a los extractos de las conversaciones” mantenidas por Ábalos y García, de los que se deduce “una notoria discrecionalidad a la hora de adjudicar contratos de obra pública”.
Los Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el domicilio de Pardo de Vera -el mismo día que también registraron la vivienda de Javier Herrero, ex director de Carreteras- hallaron un contrato por la compra de mascarillas durante la pandemia por un valor de cinco millones de euros.
Este contrato es clave en la trama que se investiga en la Audiencia Nacional, pues fue acordado por el Consejo de Administración de Adif, que presidía la ahora investigada. Este fue uno de los contratos que dio origen a la investigación. Pardo de Vera lo guardaba en su domicilio, según constató la UCO.
