El Govern de la Generalitat y sus aliados de investidura, ERC y Comuns, han registrado en el Parlament una reforma de la ley de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya con el objetivo de dar cuerpo a algunas de las medidas planteadas hasta la fecha por el Ejecutivo de Salvador Illa de acuerdo con los trabajos del comité de expertos para la transformación de la administración pública de Catalunya (CETRA). Esta reforma legal permitirá que los errores cometidos, tanto por los ciudadanos en las tramitaciones, como por los trabajadores públicos redunden en un perjuicio para ambos. Además, se elimina la obligatoriedad de la cita previa para realizar cualquier trámite con la administración y se establecen las bases para la administración ofrezca de manera proactiva sus servicios a los ciudadanos.
La reforma legal recoge el derecho de las personas a no resultar perjudicadas por errores administrativos o malas prácticas en la gestión pública, en especial las relacionadas con prestaciones vinculadas a la cobertura de necesidades esenciales. Por tanto, las modificaciones permitirán evitar, por ejemplo, el retorno de ayudas económicas a personas vulnerables prestadas por un error administrativo, como ha ocurrido recientemente con la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA, antes DGAIA), que estos días reclama miles de euros a centenares de extutelados por prestaciones abonadas de forma indebida a causa de errores administrativos.
Este tipo de errores no son nuevos. De hecho, la conselleria de Drets Socials detectó a finales de año el abono indebido de 71 millones de euros en ayudas sociales a unas 9.500 familias, que finalmente no obligó a devolver, pero un informe de la Sindicatura de Comptes difundido el mes pasado reveló que entre el 2016 y el 2024, la Generalitat pagó de forma indebida distintos tipos de prestaciones sociales por valor de 167,5 millones de euros.
Con los cambios legislativos impulsados por el Govern y sus aliados, se pretende dotar de seguridad jurídica al trabajador público ante situaciones de complejidad y evitar que la tramitación quede parada por miedo al error. Además, poder subsanar sin consecuencias el error sin la amenaza de una sanción también agilizará las tramitaciones con la administración.
El derecho al error
Pero también los ciudadanos se equivocan a la hora de realizar un trámite concreto con la administración, lo que puede provocar que aquel trámite no prospere. En ese caso, el usuario también podrá modificar esos errores sin tener que partir de cero en la tramitación. Hasta la fecha, solo la administración tenía potestad de rectificar sus errores a través de la revocación de sus actos, pero esta posibilidad no se reconocía a los ciudadanos.
Con el cambio legislativo, se reconoce por primera vez este derecho en España, lo que contribuye a la mejora de la confianza de los ciudadanos en la administración”, según ha asegurado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, encargado de pilotar la reforma de la administración pública, en una comparecencia desde el Parlament. “No hay derecho a que cuando la administración se equivoca persiga al ciudadano víctima del error”, ha argumentado el conseller, subrayando que las modificaciones permitirán mejorar la cohesión social, la garantía de derechos y la prosperidad económica.
Eliminación de la cita previa obligatoria
El texto también elimina la obligatoriedad de pedir cita previa por trámites presenciales con la administración, una medida que cobró relevancia con la irrupción de la pandemia de la covid. Se trata de una medida ya anunciada por Dalmau hace meses y que se fija ahora por ley para establecer que la cita previa solo se podrá utilizar como una medida para mejorar la atención. De esta forma, se eliminará la barrera de acceso que supone esta cita previa para las personas con menos habilidades digitales.
Junto a esto, el Govern introduce un cambio significativo con el que pretende reforzar el sentimiento de confianza y de satisfacción de los ciudadanos con la administración: la regulación de los servicios proactivos y personalizados. Según el conseller Dalmau, se trata de un cambio de paradigma en la relación entre la administración y la ciudadanía porque si ahora, la administración solo actuaba cuando la ciudadanía hace un trámite o presenta una solicitud, con este nuevo enfoque será la administración quien se adelantará para ofrecer al ciudadanos los trámites y servicios que pueden ser de su interés en función de su perfil y la información disponible.
Servicios proactivos y personalizados de la Administración
Dalmau ha puesto un ejemplo práctico, el de la renovación del título de familia numerosa. El objetivo es que sea la administración quien avise al ciudadano de su próxima renovación y en el mismo aviso ofrezca los trámites para ello. Pero los ejemplos prácticos van más allá. Los servicios proactivos se basan en el uso responsable y legítimo de los datos disponibles por parte de la administración, a fin de facilitar la vida a la ciudadanía y simplificar los procesos administrativos, especialmente en momentos clave como el nacimiento de un hijo, un cambio de domicilio, el paro o la jubilación.
Para poner en marcha este nuevo enfoque, el Govern prevé realizar este año el diseño para la implantación inicial de los servicios proactivos en el área privada del portal gencat.cat, puesto que para ofrecerlo se requiere del consentimiento expreso, informado y específico de las personas, que será revocable en cualquier momento.
Por último, las modificaciones legislativas impulsadas incluyen un compromiso de comunicación clara con el usuario, otra de las quejas recurrentes de los usuarios de la administración. Así, en la modificación normativa se recoge el derecho a recibir información clara, entendible y accesible para todo el mundo.
El acuerdo del Govern y sus aliados en torno a esta reforma debe permitir que la proposición de ley se apruebe en el Parlament en torno al próximo mes de octubre por lectura única, según ha señalado Dalmau. Esta nueva regulación afecta a todas las administraciones catalanas, también a los entes locales y supramunicipales.
