La Escuela Judicial permanecerá en Barcelona de manera indefinida. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Generalitat de Catalunya rubrican esta tarde un nuevo protocolo para la cesión de la finca en la que se sitúa esta institución adscrita al órgano de gobierno de los jueces, donde se forman todos los miembros de la carrera judicial. Firmarán el acuerdo, de una parte, la presidenta del Poder Judicial, María Isabel Perelló, y, de otra, el president Salvador Illa, en un acto que tendrá lugar en la propia Escuela.
Desde 1995, este organismo estatal se ubica en Barcelona. Así lo decidió el CGPJ. Antes estaba en la Ciudad Universitaria de Madrid. En 1997, cuando Jordi Pujol era president, se firmó una cesión de la finca –propiedad de la Administración catalana– por un periodo de 30 años que vencía el 1 de diciembre del 2027. Con este movimiento, el Ejecutivo catalán y el Poder Judicial se anticipan y garantizan la continuidad de la Escuela en la capital catalana sin fijar una fecha de caducidad.
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La Escuela consta de cuatro edificios y está en unos terrenos situados en Collserola. En concreto, en la carretera de Vallvidrera, debajo del Tibidabo, con vistas a la ciudad. El actual centro se inauguró en febrero de 1997 y han pasado por él más de 3.500 jueces y magistrados desde entonces.
El pacto alcanzado entre las dos instituciones contempla que el CGPJ pueda disponer de la finca de manera gratuita e indefinida siempre y cuando se destine su uso a la Escuela Judicial –en caso de no ser así, se revoca de forma inmediata la cesión– y se creará una comisión de seguimiento en la que estarán representadas las dos partes para velar por el cumplimiento del protocolo.
El Ejecutivo considera que los jueces conocen la realidad plural y diversa del Estado tras su paso por Catalunya
Para el Ejecutivo catalán, sellar el acuerdo con el órgano de gobierno de los jueces dos años antes de que venza la cesión es importante y supone una excelente noticia. En la Generalitat entienden que es un pacto positivo para todos y consideran que de ese modo los jueces conocen la realidad catalana y que su paso por Barcelona les ayuda a entender la realidad plural de España.
Asimismo, en el Govern de Illa creen que la entente que se plasmará hoy visualiza y culmina su voluntad de normalizar las relaciones entre la Generalitat de Catalunya y el Poder Judicial tras las tiranteces de los años del procés . Además, destacan que esta descentralización es un buen ejemplo para otras instituciones del Estado, ya que, a su juicio, es un caso de éxito en estos últimos 30 años.
La Generalitat exhibe esta descentralización de un ente estatal como un caso de éxito a lo largo de 30 años
Pero hay otro elemento sobre la mesa que no es menor. Con la firma se avanzan a cualquier especulación o movimiento, ya que algunas voces habían cuestionado la idoneidad de que este organismo, por el que pasan todos los jueces y magistrados durante un año antes de ejercer, permaneciera en la capital catalana más allá de diciembre del 2027, cuando caducaba el convenio ahora vigente. Hace un año en los mentideros del ámbito jurídico se había comentado la posibilidad de trasladar el órgano de nuevo a Madrid e incluso hubo comunicados en contra de esa posibilidad por parte de alguna asociación de jueces, si bien desde el CGPJ no se dio pábulo a esos comentarios y con el nuevo protocolo se entierra esa opción.
Tanto es así que está previsto que el Poder Judicial acometa una reforma y rehabilitación en los cuatro edificios, para renovar los sistemas de climatización, a partir de julio del año que viene y hasta diciembre del 2027. Mientras tanto, la actividad docente se mantendrá en la Ciutat de la Justícia.
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En la reunión del Consell Executiu del Govern de la semana pasada ya se aprobó que se inicien los trámites para ceder de forma definitiva la finca de la Escuela Judicial al CGPJ, cuya presidenta, aunque se crió en Galicia, nació en Sabadell, tiene ascendencia catalana y una especial sensibilidad en este asunto; un hecho que el Ejecutivo de Illa valora y agradece.
Así las cosas, según informó el Govern, este es un paso previo a la cesión definitiva de la finca. “Con esta decisión, el Govern quiere contribuir a la mejora de la administración de justicia y al buen funcionamiento de las instituciones públicas, en beneficio del conjunto de la ciudadanía”, afirmaba un comunicado.
La plaza de director de la Escuela salió a concurso en marzo y aún no se ha designado a la persona que estará al frente del centro de formación de los miembros de la carrera judicial en adelante. La magistrada catalana Clara Carulla es, desde hace un año, la directora en funciones de este ente.
