El Gobierno confía en un fin de curso sin sobresaltos en el último pleno del Congreso

Un agitado escenario político

La renuncia a llevar iniciativas sin consenso debería garantizar las votaciones de mañana

Congreso de los Diputados cerrado por Elecciones Generales Banderas

El hemiciclo del Congreso a la espera de la sesión final del curso político mañana martes

Dani Duch

El último pleno del curso político en el Congreso empieza mañana a las 11 horas. Al menos sobre el papel no debería reportar a la mayoría del Gobierno ninguna contratiempo severo, aunque queda por ver qué ocurrirá con el decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, una derivada del sensacional apagón del 28 de abril, hace menos de tres meses.

Podemos –decidido a poner tierra de por medio con el PSOE y sobre todo con su socio, Sumar– ya ha advertido que va a votar en contra de la convalidación del decreto eléctrico y también el PNV tiene sus dudas y estaba negociando con el Ejecutivo alguna modificación. Esquerra, por su parte, ya ha cerrado sus enmiendas en este punto del orden del día. Bildu, a su vez, ya ha decidido que votará a favor.

Hace algunas semanas se barajaba la posibilidad de que el Gobierno llevara a esta sesión la votación la reducción de la jornada laboral, impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, e incluso se había aventurado la posibilidad de debatir ya la reforma de la justicia que impulsa el ministro Félix Bolaños. Ambas han quedado fuera del orden del día y siguen en negociación con los aliados y en particular, con Junts per Catalunya.

La convalidación del decreto de medidas urgentes del sistema eléctrico es la principal duda de la sesión

Los herederos de la antigua y determinante minoría catalana del Congreso ponen reparos a ambas leyes. De haber llegado a este pleno no habrían prosperado con sus votos. Junts decidirá hoy qué hace con las iniciativas que están en el orden del día, pero a priori consideran que ninguna de las propuestas tiene gran relevancia legislativa.

Fuera del orden del día las iniciativas más importantes, los aliados de la investidura, consultados la semana pasada por La Vanguardia , no tienen intención a aguarle el fin de curso al Gobierno en este debate de algo más de nueve horas en el que se incluyen ocho puntos, tres decretos, tres leyes procedentes del Senado –donde el PP ejerce la mayoría absoluta– y dos reformas del actual reglamento del Congreso.

Una de ellas es la espinosa limitación del periodismo partisano, esto es, de los activistas –esencialmente de medios de la extrema derecha– acreditados como informadores en la Cámara. A esta reforma se oponen Vox y PP. La aprobación de esta modificación está garantizada y cuenta con el apoyo mayoritario de las asociaciones profesionales del periodismo.

El pleno de fin de curso es importante porque establece el marco de relaciones políticas con la vista puesta en lo que vendrá en setiembre que, presumiblemente, no será poco.

El presidente del Gobierno no estará en esta sesión, puesto que ayer emprendió un viaje a Chile, uno de los países donde la izquierda de Gabriel Boric también soporta el vendaval desde el flanco derecho que recorre el mundo.

El grupo popular de una parte y Vox de la otra deberán fijar a lo largo del día sus posiciones, pero, especialmente para el PP, la sesión del martes es complicada no tanto por lo que vaya a defender en la tribuna de oradores como por el hecho de que las revelaciones del caso Montoro han cambiado el escenario.

Hace dos semanas eran los socialistas quienes se veían obligados a dar todo tipo de explicaciones en los pasillos del Congreso por el estallido del escándalo Cerdán. Ahora es el PP quien deberá lidiar con la sombra de su propio pasado.

Como cada día, no es descartable que una nueva sorpresa cambie el rumbo de la jornada, pero todo apunta a que terminará en tablas: la mayoría de la investidura, magullada pero sin alternativa; el Gobierno, en su puesto por ahora, y el PP y el PSOE, abrumados por sus propias miserias.

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