El compromiso que el presidente Pedro Sánchez adoptó con Aitor Esteban, en su último pleno en el Congreso como portavoz del PNV, de modificar la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 se ha plasmado hoy con la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de Información Clasificada. La norma establece la desclasificación automática de todos los documentos con antigüedad a partir de los 45 años -salvo que puedan afectar a la seguridad y la defensa nacional- lo que supone que se permitiría el acceso la información relacionada con el 23-F, la Transición y el franquismo.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa
El proyecto de ley recoge el que decayó la pasada legislatura y ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el que lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Félix Bolaños ha recalcado que a tenor de los plazos previsibles en la aprobación de la ley, y que después de su publicación en el BOE se establece un año de “vacatio legis”, la desclasificación directa se situaría en 1981, incluyendo por tanto el intento de golpe de Estado.
El proyecto de ley establece los plazos temporales de este proceso de acceso a la documentación del Estado, y se define una gradación de las informaciones que se puedan clasificar y desclasificar en función si son “alto secreto”, ”secreto”, “confidencial” o “restringido”. Para cada caso, se establecen límites temporales distintos para su desclasificación.
Como se señalaba, para el “alto secreto” se establece un periodo de 45 años y una prórroga no ampliable de 15. Para los considerados “secretos”, el plazo es de 35 años, y 10 prórroga. Las prórrogas tras el periodo de desclasificació automática se darían en caso de que se contemple alguna razón de seguridad y defensa nacional. En cambio, para las categoría de “confidencial” la desclasificación será de 7a 9 años sin prórroga, y para los “restringidos” se establece de 4 a 5 años.
Bolaños ha destacado el “volumen ingente” de información que tiene el Estado, y en esta referencia a la desclasificación automática a partir de años 1981 y ha señalado que se irá haciendo paulatinamente dando prioridad a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Asimismo, el proyecto de ley crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Actualmente depende del CNI.
El proyecto de ley, que se enviará a las Cortes, establece también un régimen sancionador para quien desvele información clasificada, con una horquilla entre los 30.000 y los 2,5 millones de euros en función de la gravedad. Y se señala que la información sobre crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos no podrá ser clasificada.
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El Ministerio de Justicia ha llevado hoy también al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para regular el derecho al secreto de los profesionales de la información. Bolaños ha señalado que el objetivo es que se vea garantizado el derecho para proteger y preservar la confidencialidad de las fuentes de información.
