Dos semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera en el Congreso por la entrada en prisión de Santos Cerdán, ayer fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se sometió en el Parlament al arbitrio y escrutinio de los grupos por ese motivo, en un pleno propuesto por Junts, avalado por todos y en el que llevaron más la batuta acusatoria PP y Vox que los posconvergentes. No en vano, estos dos grupos habían tratado también de provocar esa sesión, aunque en su caso sin éxito.
En ese contexto, el president abrió la puerta a estudiar la petición de JxCat para que la Generalitat se presente como “acusación particular” por el presunto cobro de comisiones en las obras del soterramiento de las vías del tren de Sant Feliu de Llobregat que Adif adjudicó a Acciona.
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En todo caso, Illa quiso desvincular de forma clara tanto a su Ejecutivo como a su partido, el PSC, de la trama Koldo y cuestionó que le corresponda a él dar explicaciones. “En el informe [de la UCO] no hay ninguna vinculación ni indicio que relacione a estas personas [Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos] con el Govern o el PSC”, esgrimió el dirigente socialista, que aseguró que ni él ni nadie de su entorno tenían conocimiento de la presunta trama.
De todos modos, más allá de defenderse, Illa quiso poner sobre la mesa dos medidas que traía en su carpeta de antemano: la ley que impulsa el Govern para profesionalizar las direcciones generales de la Administración catalana y otra para proteger a los alertadores de la corrupción, una medida que cuenta ya de entrada con el apoyo de los dos grupos que facilitaron la investidura del jefe de los socialistas catalanes, Esquerra y Comuns.
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Asimismo, el jefe del Ejecutivo abogó por llegar hasta el final en esta causa, “caiga quien caiga”, y prometió contundencia si alguien de su entorno político, en el partido o la Administración, acaba imputado. “Que se llegue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades. Lo digo con respeto al derecho a defensa y a la presunción de inocencia”, apuntó el president, al tiempo que pidió no extender una sombra de sospecha sobre todos los servidores públicos e introdujo como única salvaguarda un inciso: “No es lo mismo un error que un delito, y una equivocación que la corrupción”.
Sea como fuere, de poco sirvió la arenga más o menos extendida de no incurrir en un intercambio con el “y tú más” como fundamento. Al final, esa dinámica se coló de un modo u otro en casi todos los parlamentos, en algunos de forma más evidente que en otros.
Antes de que hablara el president, el jefe del grupo de JxCat, Albert Batet, le reprochó que no hubiera pedido él mismo intervenir y reclamó a los presentes no “españolizar” el debate. La formación anticipó que sería “responsable” y remarcó que era conveniente abordar el asunto por la ramificación catalana de la trama. “No le diremos usted tiene un problema y el problema se llama Xi Li”, concluyó Batet en alusión a la famosa sentencia de Pasqual Maragall a Artur Mas sobre el 3% que luego se retiró... y a un nombre chino que se asocia a Illa por la compra de mascarillas que tanto PP como Vox dan por válido. “No sé quién es”, se escudó el president, que ante los ataques de esos dos grupos por su etapa en el Ministerio de Sanidad exhibió que todos los procedimientos penales, contables o administrativos, más de 70 –puntualizó–, se han archivado.
“No es penalmente responsable, pero sí lo es políticamente. Que cada palo aguante su vela, en el caso Koldo se trata de su palo y de su vela”, le había espetado Alejandro Fernández a Illa varias veces después de acusarle de dejar entrar en su ministerio a Koldo y Ábalos.
