La Abogacía del Estado reclama tres años y nueve meses de prisión para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Considera que hay indicios suficientes para juzgarle y condenado por la comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
Los servicios jurídicos del Estado sostienen que González Amador era conocedor de que estaba emitiendo facturas falsas para justificar trabajos no realizados y así reducir el impuesto de sociedades, lo que le permitió dejar de ingresar a Hacienda 350.000 euros.
No obstante, el letrado que representa a la Agencia Tributaria entiende que se debe aplicar al empresario una atenuante de reparación del daño al haber devuelto el dinero defraudado. Para la Abogacía del Estado, González Amador actuó de manera “mendaz” para dejar de pagar al fisco lo que le correspondía por sus beneficios en el negocio de las mascarillas en plena pandemia.
Los servicios jurídicos del Estado piden así la misma pena que reclama la Fiscalía a la pareja de Díaz Ayuso. La investigación se centra en el uso de facturas supuestamente falsas para deducirse gastos y rebajar así los beneficios millonarios que una de sus empresas, Maxwell Cremona SL, obtuvo por intermediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia.
