Cualquier empleado que haya participado en un paro en su empresa –y por consiguiente haya visto mermados sus ingresos a fin de mes- tiene hoy un nuevo motivo para estas francamente indignado.
El Gobierno ha comunicado que sólo va a descontar el salario a un juez y a 28 fiscales que participaron en la huelga convocada por las asociaciones conservadoras de la magistratura contra la reforma de la Justicia que promueve el ministro Félix Bolaños.
Esto es así porque en el poder judicial no está reconocido jurídicamente el derecho de huelga, aunque así lo reconoce la Constitución para todos los trabajadores incluidos, claro está, los jueces y fiscales.
A consecuencia de esta contradicción la organización de los servicios mínimos y el registro de quienes participan en la huelga queda al albur de los convocantes, como así ocurrió en la huelga convocada entre el 1 y el 3 de julio por las asociaciones conservadoras de la magistratura.
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A diferencia del resto de los trabajadores, los jueces pueden hacer huelga y no constar como huelguistas en ningún registro legal y en consecuencia nadie les puede descontar el salario correspondiente. Y eso es lo que ha ocurrido.
Según la nota emitida por el ministerio de Justicia, sólo un juez y 28 fiscales han declarado formalmente que hicieron huelga esos tres días. Otro juez -según la nota- también lo hizo pero anunció que asumía servicios mínimos.
Esto significa que, o bien la participación en la huelga fue irrisoria o bien que los que hicieron huelga no lo han declarado para no perder los tres días de salario como le ocurriría a cualquier trabajador.
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Cuando terminó la huelga las organizaciones de magistrados y fiscales aseguraron que se había registrado una participación del 70%. A la mayoría, al parecer, les va a salir gratis total.