España continúa sin hacer progresos suficientes para luchar con eficacia contra la corrupción. A esta conclusión, en términos bastante severos, llega el nuevo informe de seguimiento que ha publicado este viernes en Estrasburgo el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
El documento, de 21 páginas, concluye que España solo ha cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones hechas en la cuarta ronda evaluadora, en el 2019. En las tres restantes, el incumplimiento es total. “GRECO lamenta la falta de acción decisiva y de resultados tangibles”, se lee.
El ente de control del Consejo de Europa -al que pertenecen los 46 países de la organización, además de Kazajistán y Estados Unidos- pone un especial énfasis en la inacción respecto al polémico tema del aforamiento de los políticos. Se había exhortado a España a una reforma para acabar con las trabas para que la justicia persiga a altos cargos sospechosos de corrupción. En el informe se constata que ha habido algunas mejoras en entidades a nivel “subnacional” pero no en el central, y que la iniciativa legislativa presentada a las Cortes en el 2019 aún no se ha concretado. Al no haber “resultados tangibles”, se considera pues que España se halla en incumplimiento completo.
Otro de los puntos en los que se verifica un progreso insuficiente en la estricta regulación de los lobbies, para que sea pública y transparente esa actividad de influencia y presión sobre las esferas políticas. El Plan de Acción Democrática, que está en proceso parlamentario, está destinado a colmar las carencias, si bien el informe de GRECO avisa de que no se avanza lo debido en la transparencia de las agendas de los políticos, pese a lo recomendado, lo que representa “una oportunidad perdida”.
Tampoco se ha corregido en la medida de lo esperado el régimen de control de los asesores y consejeros de altos cargos. De igual manera continúa habiendo carencias y retrasos en la legislación para fijar incompatibilidades profesionales, durante un tiempo prudencial, después de ocupar altos cargos y evitar así el pernicioso sistema de “puertas giratorias” entre el Gobierno y el mundo empresarial. Otro incumplimiento parcial de las recomendaciones se da en la transparencia sobre la situación patrimonial y de intereses económicos de políticos, sus cónyuges y familiares dependientes.
El documento dedica una parte importante a analizar las recomendaciones a la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar la integridad de sus miembros y su comportamiento ético, por ejemplo respecto a conflictos de intereses, obsequios, uso de información confidencial o neutralidad política. La conclusión del informe es que se ha avanzado en la buena dirección, especialmente en lo que concierne a la Guardia Civil, aunque falta hacer más progresos.
Dado que España suspende el examen, GRECO emplaza a las autoridades españolas a presentar un informe de seguimiento antes del 30 de junio del 2026; es decir, a pasar otra evaluación. El secretario general del Consejo de Europa enviará una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares recordándole el incumplimiento y la obligatoriedad de traducir el informe -cuyo original es en inglés- y publicarlo lo antes posible.
El Gobierno destaca los avances de España en las medidas anticorrupción
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha destacado los avances logrados por España en las recomendaciones para luchar contra la corrupción y ha señalado que este informe constata que España “ya cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones, tres más que en su última revisión”.
En un comunicado, el ministerio que dirige Félix Bolaños destaca cómo el primer informe de la actual ronda de evaluación, iniciada en 2017, certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción “tras dos legislaturas de inacción”. Sin embargo -subraya-, desde ese primer informe, las evaluaciones realizadas por el Greco han mejorado “constantemente”.
En este nuevo informe, indica Justicia, se reconocen los esfuerzos realizados durante el último año gracias a iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley que regula la actividad de los lobbies, o el anteproyecto de ley de administración abierta, que refuerza el cumplimiento en materia de transparencia e integridad institucional.
