“Es una irresponsabilidad que el Gobierno esté jugando con fuego, poniendo en riesgo la seguridad nacional de nuestro país y de nuestros aliados europeos y americanos”, alertó ayer el vicesecretario de hacienda del Partido Popular, Juan Bravo. Puso así el foco en el contrato –por valor de 12,3 millones de euros– adjudicado por el Ministerio del Interior a la multinacional china Huawei para la gestión y almacenamiento de las escuchas telefónicas que ordenen los jueces y fiscales. Un contrato, alertó, “de alto riesgo para la seguridad del Estado”.
Esta adjudicación es “muy grave”, porque “afecta a la seguridad nacional” de España, pero también “contraviene recomendaciones” de la UE y advertencias de Estados Unidos. Ya en el 2018, en su primer mandato, Donald Trump puso en su punto de mira a esta multinacional china, a la que acusó de espionaje y contra la que alentó un boicot internacional. Y firmas como Google y Microsoft cortaron vínculos comerciales.
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“Es una temeridad que nuestra información se la hayamos contratado a una empresa que nuestros aliados vetan”, advirtió ya Alberto Núñez Feijóo cuando trascendió la noticia. Y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, le acusó de generar “una alarma innecesaria”, ya que a su juicio no hay “ningún riesgo” en este contrato con Huawei. La seguridad está garantizada, alegó, al tratarse de un sistema cerrado y no conectado, así que los datos “no son accesibles ni hackeables ”.
Estas explicaciones, no obstante, no convencen al PP, ante “el alto riesgo que supone contar con la empresa china como proveedor en materias sensibles y el peligro que existe de espionaje”. Bravo advirtió que, en EE.UU., los presidentes de la comisión de Seguridad del Congreso y del Senado enviaron mensajes a los principales responsables de la seguridad nacional alertando de que “la información confidencial de España podría ser utilizada por el Gobierno chino”.
Y ello porque, según recordó, una ley china aprobada en junio del 2017 obliga a los particulares, tanto dentro como fuera de su país, a colaborar con los servicios de inteligencia cuando se les requiera. “Es decir, a facilitarles todo tipo de información”, resolvió Bravo.
“Si Pedro Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué”, advirtió, ya que Huawei, según resaltó Bravo, está “vetada por Bruselas, la OTAN y Washington”, pero ahora podría acceder a “datos judiciales, grabaciones confidenciales o archivos sensibles del Estado”.
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Así que el PP reclamará explicaciones al Gobierno, en el Congreso o en el Senado –donde tiene mayoría absoluta–, no solo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sino también a los titulares de Interior, Defensa y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares. Igualmente, exigirá al Gobierno el expediente de contratación con Huawei, para conocerlo en su integridad, y todos los informes de ciberseguridad que justificaran la adjudicación.
Bravo, por otra parte, irrumpió en el choque entre Salvador Illa e Isabel Díaz Ayuso a cuenta del “dumping fiscal” que el catalán echa en cara a la madrileña. Y advirtió al presidente de la Generalitat: “Illa no puede intentar tapar la mala gestión de su gobierno atacando a otra comunidad autónoma”. Además, cuestionó “que se le sigan cobrando más impuestos a los catalanes para abrir embajadas en China”, como anunció Illa en su reciente visita a Pekín.
Un gasto “superfluo”, denunció, que dijo que haría mejor en destinar a la sanidad, la educación y las políticas sociales.
