La Conferencia Episcopal enmendó ayer la plana al Partido Popular a cuenta de la moción aprobada en Jumilla (Murcia), que veta las celebraciones musulmanas en las instalaciones deportivas del municipio de 27.000 habitantes –unos 4.000 de ellos inmigrantes empadronados–. Los obispos, que cuentan con una enorme influencia en el principal partido de la oposición, se posicionaron al lado de la comunidad islámica –como también hizo el Gobierno central– para advertir a los populares que hacer este tipo de restricciones por motivos religiosos es “una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”.
Una mujer de origen magrebí pasea con el carrito de su bebé por una calle de Jumilla
Los prelados dicen que el veto por motivos religiosos “no puede darse en sociedades democráticas”
Desde Génova 13, lejos de echar el freno se reafirmaron en su respaldo a la enmienda aprobada la semana pasada escudándose en que el texto no se refiere textualmente ni al islam ni a los musulmanes.
El Partido Popular se enroca en la literalidad de la moción para rechazar que se le tilde de partido xenófobo
Cuando el Partido Popular se mueve sobre el reto migratorio –más aún cuando Vox condiciona la gobernabilidad– el terreno se suele volver pantanoso. Lo ha demostrado estos últimos meses con su férrea oposición al reparto de menores procedentes de Canarias –pese a que forman parte del gobierno autonómico– o su negativa a la regularización masiva de inmigrantes que planea el Gobierno –a la que también es favorable la Conferencia Episcopal–. Ahora, el debate abierto a raíz del veto a los ritos islámicos en espacios públicos de Jumilla ha vuelto a demostrar que este asunto acarrea a los conservadores grandes quebraderos de cabeza; a diferencia de Vox, donde están convencidos de que enarbolar la bandera islamófoba tiene premio electoral.
El Gobierno no ve inconstitucionalidad en el texto porque no prohíbe un acto religioso concreto
Fuentes próximas a la cúpula del Partido Popular reconocen la incomodidad que les genera esta polémica veraniega. A micrófono cerrado admiten que la postura de ayer de la Conferencia Episcopal –que tuvo que recordar que “las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución”– les abre un frente en el que van a tener que lidiar con sus contradicciones. A micrófono abierto, la postura fue de respaldo total a la iniciativa que facilitó la aprobación de los presupuestos de la localidad. “Somos el partido de la libertad; el partido constitucionalista”, defendió el su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos.
Migraciones vigilará “muy de cerca” los discursos de odio derivados de la moción
Desde el Partido Popular argumentan que modificaron la iniciativa original de Vox –que prohibía expresamente la celebración del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, y el Eid al-Adha, también conocida como Fiesta del Cordero, al no ser constitucional. Esas referencias, efectivamente, desaparecieron, pero en el título de la moción queda negro sobre blanco que la intención es defender las “costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”. La alcaldesa de Jumilla, Seve González, insistió ayer en que solo se autorizó una modificación de la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas, “sin vetos ni prohibición a nadie por su origen religioso”. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar las últimas celebraciones musulmanas.
En el Gobierno admiten que la moción –aunque es fruto de “la deriva extremista de PP VOX”, en palabras del ministro Félix Bolaños– no tiene visos de inconstitucionalidad debido a que la redacción no prohíbe un acto religioso en concreto, sino todos.
Por su parte, el Ministerio de Migraciones avisó de que vigilará “muy de cerca” los discursos de odio que se generen a raíz de la controversia.
La comunidad judía se suma al reproche
La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) se ha sumado al reproche contra la decisión del ayuntamiento de Jumilla. La Federación “expresa su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de impedir actos religiosos musulmanes en espacios públicos. Vulnerar la libertad religiosa es un grave retroceso democrático”, indicaron fuentes de la organización a Europa Press. Asimismo, fuentes de la Federación han defendido la “libertad y seguridad” para todas las comunidades. “Ojalá ninguna confesión tenga que vivir como la judía en España: con escolta en cada sinagoga y en cada acto de culto. Ya lo dijimos tras el incendio de la mezquita de Piera: todas las comunidades deben poder celebrar su fe con libertad y seguridad”, señalan estas fuentes.
El incidente al que hace referencia la comunidad judía en Piera sucedió el mes pasado en esta localidad de la comarca del Anoia donde un edificio religioso de la comunidad musulmana fue pasto de las llamas a consecuencia de un incendio provocado según han concluido las investigaciones. Días después vecinos de Piera participaron en una manifestación en favor de la convivencia.
