Nueve menores de edad malienses y otro senegalés que habían verbalizado su voluntad de trasladarse a otras comunidades autónomas fueron ayer los primeros migrantes solicitantes de asilo enviados desde Canarias a la Península en cumplimiento –casi cinco meses más tarde– de la orden del Tribunal Supremo al Gobierno central de acogerles en su sistema de protección internacional. La primera tanda, del millar de adolescentes que el Ministerio de Migraciones debe alojar, se completó con éxito. Sin embargo, el presidente canario, Fernando Clavijo, mostró su “descontento” por “cierta improvisación” y “falta de concreción” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que le exigió un protocolo para “organizar mejor” los traslados: “No son botellas, no son mercancías, son seres vivos y, además, vulnerables”.
Una vez iniciados los primeros desplazamientos, el ritmo debería acelerarse para aliviar la situación en el archipiélago, que cuenta con 5.180 menores extranjeros sin amparo familiar. Pero en el Ejecutivo de Canarias no ven muy claro que esto vaya a ser así. Este mismo jueves o el viernes, según los planes iniciales, debería realizarse la segunda tanda semanal, con otra veintena de chavales, prometida por el Ministerio de Migraciones. En la tarde de ayer, el departamento que dirige Elma Saiz no había remitido aún al Gobierno autonómico el listado con los siguientes menores que tienen intención de desplazarse a otras comunidades; requisito indispensable para su traslado. El cuello de botella está en la burocracia –tremendamente garantista con los menores–, que exige expedientes individualizados de cada uno de los menores en los que se plasmen sus necesidades.
El archipiélago cuenta con 5.180 menores extranjeros sin amparo familiar
El problema estriba en que el tiempo juega en contra de un sistema saturado que ha evidenciado algunas grietas. La más grave hasta ahora: una operación policial contra la principal oenegé de acogida de menores en Canarias, que atiende a dos millares de adolescentes. Una causa que acumula indicios de presuntos delitos de lesiones y amenazas contra los migrantes más vulnerables.
“Estamos preocupados con la lentitud con la que se está haciendo”, indicó ayer el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno canario, Francis Candil. “Hay algo más de 1.000 menores en Canarias que tienen protección internacional; yendo a este ritmo, tardaríamos muchos meses, y la situación de presión y de saturación que se viven en los centros de menores migrantes sigue siendo la misma”, alertó Candil. De cumplirse los mejores pronósticos –y sin incidentes reseñables por el camino–, los traslados no se completarían hasta dentro de, al menos, seis meses.
De cumplirse los mejores pronósticos, los traslados no se completarían hasta dentro de seis meses
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, abundó en los reproches al Gobierno, que, a su juicio, está actuando con “cierta frivolidad” en las derivaciones. “Estamos viendo cómo el Gobierno parece que habla de paquetes cuando habla del reparto. Son personas, y en este caso menores. Difícilmente puede dar ninguna exigencia al resto”, subrayó en la sede de Génova, desde donde se oponen frontalmente al reparto del Gobierno, pese a que gobiernan en Ceuta, Melilla y Canarias, las tres regiones con mayor presión migratoria actualmente.
Ceuta, desbordada tras el fin de semana
El área de menores de Ceuta acoge alrededor de 480 niños extranjeros solos tras un fin de semana de fuerte presión migratoria caracterizado por la vigilancia constante de las autoridades españolas y marroquíes. La ciudad autónoma contabilizó la entrada de siete menores en la madrugada del sábado, después de que accedieran irregularmente otros siete durante la noche del miércoles al jueves. Los recursos destinados a la acogida de menores en la ciudad se encuentran saturados tras las últimas entradas irregulares. El área tiene capacidad para atender correctamente hasta 132 personas como máximo. El centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) aloja actualmente a 600 personas.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rechazó de plano la tesis de la improvisación. “Lo hacemos en coordinación con Canarias. Con rigor, compromiso y sin improvisaciones. Lo hacemos garantizando el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento”, escribió en X.
Ni desde el Gobierno central ni desde el autonómico se comunicó el destino de los diez jóvenes que tomaron un vuelo comercial hacia la Península desde Las Palmas de Gran Canaria, donde se encontraban atendidos. “No lo voy a decir porque ya sabemos que ha habido personas y personajes que han aprovechado que alguien del Gobierno dijese dónde iban para generar problemas en la recepción”, señaló el consejero –sin poner nombres– en alusión a los planes originales del ministerio de trasladar a 400 jóvenes al centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón (Madrid) antes de que el Ayuntamiento ordenase su cierre.
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Amnistía Internacional (AI) se sumó ayer a la petición de mayor celeridad. La organización pro derechos humanos exigió más firmeza en las derivaciones coincidiendo con el pico de xenofobia que atraviesa el país, que está siendo acompañado por “una oleada de mensajes de señalamiento y criminalizadores basados en bulos” contra las personas migrantes. AI pidió colaboración de todas las comunidades, que deberán comenzar a acoger migrantes en los próximos meses. Tal y como recordó la oenegé, las derivaciones que comenzaron ayer están dando cumplimiento a la orden del Supremo, distinta al reparto entre autonomías que prepara el Gobierno tras la reforma de la ley de Extranjería.
