Veinte semanas después de que el Tribunal Supremo ordenase al Gobierno hacerse cargo de un millar de menores no acompañados que solicitaron asilo tras llegar en cayuco a Canarias, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones iniciará hoy los traslados a la península para aliviar la situación de colapso por la que atraviesan las islas. Las primeras derivaciones, que se tratarán de llevar con total sigilo para proteger a los adolescentes –y no provocar problema con los entornos de los destinos–, coincidirán desde este lunes con el telón de fondo de la otra ola del verano –la xenófoba– que azota al país alcanzando grandes cuotas de odio.
Se prevén dos tandas de traslados semanales con hasta 40 menores, lo que prolongará el proceso seis meses
Los planes de iniciar este lunes los traslados se han tambaleado durante el fin de semana debido a la que la información sobre las derivaciones –fecha de las salidas o identidad de los acompañantes– que aportaba el ministerio que dirige Elma Sáiz no acababa de ser suficiente para el Gobierno de Canarias, quien tiene a su cargo a los niños desamparados. Tras requerir más información, que evidenció una notoria descoordinación entre los ministerios de Migraciones y Juventud e Infancia, el gobierno de Fernando Clavijo envió las órdenes individualizadas de salida para diez de los menores no acompañados con fecha de este lunes.
El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones de euros para crear 1.200 plazas en la península
La idea es que al final de esta misma semana puedan ser trasladados otros 15 menores. A partir de ahí, se pretenden realizar dos derivaciones semanales con entre 15 y 20 migrantes en cada una de ellas. Si se cumpliesen las mejores de las expectativas, desplazando a 40 adolescentes asiliados cada semana, se necesitarían unos seis meses para completar con las exigencias del Tribunal Supremo. Actualmente, según cifras actualizadas a las que ha tenido La Vanguardia, en el Sistema Nacional de Acogida e Protección Internacional (SNAPI) se encuentran administrativamente 1.050 menores. El número total de migrantes que no llegan a la mayoría de edad –sean o no solicitantes de protección internacional– que están bajo el paraguas de la administración canaria asciende a los 5.180. Catalunya, segunda comunidad que más acoge de todo el país, informó al Gobierno a finales de junio que tiene a su cargo a 5.100. La población catalana casi cuadruplica a la canaria.
Madrid, tras ganar el pulso al Gobierno con el cierre del centro de Pozuelo, se queda fuera de las derivaciones
El destino de los primeros menores trasladados serán centros de titularidad estatal que Migraciones tiene repartidos por todo el territorio. El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones para dar cumplimiento al auto del Supremo y crear 1.200 plazas en la península. Se priorizarán, en primer término, los recursos pequeños: centros gestionados por oenegés en los que no conviven más de medio centenar de adolescentes. El Gobierno optó por esta opción después de que el Partido Popular –a través de la alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid), pero con el beneplácito de Génova– le ganase un buen pulso político al ordenar el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) ubicado en la localidad madrileña, donde se había planeado trasladar a unos 400 menores. El centro de Alcalá de Henares, en torno al cual también se han prendido una corriente antiinmigración a raíz de la violación de una joven presuntamente a manos de un extranjero, tampoco acogerá a los menores que lleguen a la península desde Canarias.
El 90% de los jóvenes que quieren llegar a la península son de Mali, que huyen del hambre y el yihadismo
Esta decisión no quiere decir que la Comunidad de Madrid se libre de acoger a menores en la otra derivación de 3.975 menores que comenzará el Gobierno en septiembre gracias a la modificación de la ley de Extranjería, que posibilita la distribución obligatoria –antes de la reforma era solo solidaria– entre comunidades autónomas cuando en una de ellas se declare la contingencia migratoria. De hecho, según los cálculos del ministerio de Sira Rego el gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá acoger a casi 700 chavales migrantes, pese a que se opone a ambos traslados: ni acoger en su sistema autonómico, ni en centros estatales en suelo madrileño.
Según fuentes ministeriales, Engloba, la entidad colaboradora en Canarias que está llevando a cabo las valoraciones individualizadas a los menores que han manifestado disposición a trasladarse a la Península –algo imprescindible para proceder al traslado–, está encontrando entre los menores un perfil “altamente vulnerable”. Casi el 90% de los entrevistados son de Mali, desde donde huyen del hambre y del nido de yihadistas en el que se ha convertido el Sahel. Entre ellos, también hay niñas y adolescentes. Para estas últimas, el Gobierno estudia la fórmula para agilizar los plazos.
El tiempo apremia. Canarias ve con optimismo el comienzo de los traslados, pero sigue sin perder de vista los cayucos que, aunque a un menor ritmo, siguen llegando desde Mauritania. A bordo, la nacionalidad más común es la maliense: una sangría que no logra taponarse.
El PP denuncia "cierta frivolidad" del Gobierno en el traslado de menores migrantes
El PP seguirá torpedeando el reparto entre comunidades
La vuelta del Consejo de Ministros está marcada en rojo por el Ministerio de Juventud e Infancia. El martes 26 de agosto, si los planes no se tuercen, el Gobierno aprobará la tabla con el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad deberá acoger procedentes de Canarias y Ceuta. Unas cifras de las que reniegan las comunidades gobernadas por el Partido Popular, desde donde consideran que la distribución es arbitraria puesto que Catalunya y el País Vasco no deberán asumir ninguna nueva tutela. Donde el Gobierno valora el esfuerzo previo de acogida que han realizado ambos territorios en los últimos años, la oposición ve un “premio” del Ejecutivo a los partidos independentistas. Paradójicamente, el Partido Popular también forma parte del Gobierno de Canarias, además de gobernar la ciudad autónoma que también sufre la crisis migratoria. A esa lista de contradicciones, puede que se sume otra región más: Baleares. El Gobierno de Marga Prohens también se opone firmemente al reparto, pero puede que en meses tenga que recurrir al mecanismo de reparto ante el temor de que la ruta argelina de pateras a Baleares siga creciendo. / J. Vera
