La apertura del año judicial, tradicionalmente concebida como un acto solemne de respeto institucional, se ha convertido este año en un nuevo terreno de juego para la batalla política que mantienen el Gobierno y el Partido Popular pero que, en esta ocasión, coloca al rey Felipe VI en el centro de la disputa.
El Ejecutivo reprocha al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su inédito plante al Supremo y al propio monarca, al que acusan de una “desconsideración”, mientras que los populares cargan contra Pedro Sánchez por “manchar” la ceremonia con sus críticas a los jueces y por la defensa cerrada de un fiscal general procesado que, pese a estar bajo investigación del alto tribunal, insiste en intervenir en el acto.
Así ha transcurrido la semana, marcada por el aumento de la tensión desde que Sánchez elevara el tono en una entrevista concedida el lunes a TVE. El presidente del Gobierno, en un intento de defender la “honestidad” de su familia y de su entorno más cercano, investigados en distintas causas judiciales, deslizó que “hay jueces que hacen política”, una afirmación que encendió las alarmas en la oposición y en el ámbito judicial.
En los días posteriores, varios ministros trataron de suavizar las palabras de Sánchez insistiendo en que el jefe del Ejecutivo se refiere únicamente a una “minoría de magistrados” cuyas decisiones resultan “muy difíciles de entender” como así lo considera también “una inmensa mayoría de españoles”. Pero los intentos no han rebajado ni un ápice la polémica. Y Feijóo está dando pasos nítidos que reflejen su rechazo a Sánchez.
El líder del PP, de hecho, está haciendo todo lo posible para evitar dar una imagen de normalidad institucional, en un momento, que considera “excepcional” por la actitud que ha adoptado el Gobierno de “ataques y difamaciones” a los jueces y por la situación judicial en la que se encuentra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inédita en España, ya que es el encargado de promover la defensa de la legalidad y está procesado.
Pedro Rollán, cuarta autoridad del Estado, tampoco estará presente en el acto en el Tribunal Supremo
En ese contexto, Feijóo reafirmó ayer en un acto del partido en Guadalajara que no asistirá a la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, convencido de que hacerlo supondría “convalidar” las palabras de Sánchez y restar gravedad al hecho de que el fiscal general participe en la ceremonia, pese a estar investigado.
La decisión del líder popular ha desencadenado la inmediata reacción del Gobierno y del PSOE, que le acusan de “desconsideración” y “falta de respeto” al Rey y al Poder Judicial, dado que Felipe VI presidirá el solemne acto en el Salón de Plenos del Supremo. Feijóo, sin embargo, se reivindica en su “lealtad” a las instituciones, al sostener que precisamente por respeto al monarca y a los jueces resulta insostenible acudir a un acto que, a su juicio, el Ejecutivo ha convertido en un nuevo escenario de confrontación política.
No obstante, el gallego subrayó que la razón de fondo para su ausencia es el procesamiento del fiscal general, quien por ley debe intervenir en el acto pese a su situación judicial.
El líder del PP, que no está obligado a acudir, explicó que recibió la invitación en julio, apenas unos días después de que García Ortiz fuera procesado por la supuesta filtración en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, investigado por hasta cuatro delitos. Y añadió que, al comprobar que este seguía sin dimitir, optó por declinarla. A la ausencia del jefe de la oposición se suma la del presidente del Senado, Pedro Rollán, cuarta autoridad del Estado, que también ha comunicado que no asistirá al acto, aunque en su caso ha alegado motivos familiares.
El Ejecutivo, en paralelo, ha cerrado filas en torno a García Ortiz. Sánchez incluso se reunió con él ayer por la tarde en la Moncloa en un encuentro incluido en la agenda oficial del presidente, con el objetivo de escenificar el respaldo político más firme.
El Ejecutivo apuesta por resistir, al estimar que el proceso judicial contra el fiscal general se va a diluir
En el Gobierno confían en que la imagen del acto de este viernes con el rey Felipe VI presidiendo un acto en el que el Ejecutivo estará presente, deje en evidencia la ausencia de Feijóo. La apuesta de Moncloa pasa por resistir ante el lawfare que denuncian: si el proceso judicial contra el fiscal general acaba diluyéndose –para ello se apoyan en el voto particular de un magistrado del Tribunal Supremo que cuestionó que se haya decretado la apertura de juicio sin haber pruebas, consideran que la victoria será suya.
La incógnita es si podrán aguantar la presión hasta entonces con múltiples frentes abiertos y una minoría parlamentaria.
El Poder Judicial se divide en dos por la presencia del fiscal general
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se rompió ayer prácticamente en dos por la presencia hoy del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos y pendiente de sentarse en el banquillo, en el acto de apertura del año judicial que presidirá el Rey en la sede del Tribunal Supremo.
Los diez vocales conservadores, que llevaban días anunciando una respuesta, finalmente reclamaron por carta a la presidenta del órgano de los jueces, Isabel Perelló, que instara a García Ortiz a ausentarse de la ceremonia, donde debe presentar la memoria de la Fiscalía del 2024. En concreto le reclamaron que trasladara al fiscal general “la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias”. También le pidieron que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ocupara un lugar en estrados para visibilizar el rechazo del Poder Judicial “a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo”.
Poco antes, las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales emitieron también un comunicado para mostrar su “rechazo” a la presencia del fiscal general.
A estas maniobras respondieron nueve vocales progresistas del CGPJ en un escrito en el que pidieron a sus compañeros, sin citarlos, “lealtad constitucional”, porque, según recordaron, la ley orgánica del Poder Judicial exige la presencia del fiscal general en el acto, y defendieron la costumbre “constitucional consolidada” de que el ministro de Justicia se siente en estrados junto al Rey. Los nueve vocales progresistas destacaron que “la confianza en los pilares del Estado democrático de derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia”.
Por su parte, el vocal del Consejo Carlos Hugo Preciado, que no se adhirió al texto, expresó su malestar por “no ser institucionalmente correcto que el CGPJ entre en el debate partidista” y recordó que el pasado miércoles “el Rey recibió con absoluta normalidad” al fiscal y que “el CGPJ debería seguir ese ejemplo”
