Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy por cuarta vez al juez que le investiga, Juan Carlos Peinado, por el máster que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que ha derivado en una suerte de macrocausa por la que se le persigue por la presunta comisión de cinco delitos.
En esta ocasión, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid va a interrogarle por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos por la contratación a través de Presidencia de Gobierno de una asesora personal.
La defensa de Gómez ha argumentado ante el juez que esta figura de asesor para la mujer de un presidente se ha dado en anteriores ocasiones, como ya disponía la mujer de su antecesor en el cargo Mariano Rajoy. Sin embargo, Peinado defiende que la labor de la asesora se excedía de su cometido y hacía labores ajenas a su figura de mujer del presidente. En el marco de esta pieza separada, el instructor ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice todos los correos electrónicos recibidos y enviados por Gómez desde 2018, fecha en la que fue contratada Cristina Álvarez.
Gómez se enfrenta hoy por cuarta vez al juez que le investiga, Juan Carlos Peinado
Junto a Gómez hoy también declara la asesora en calidad de investigada. En un recurso, la defensa de la mujer de Pedro Sánchez reclamó la suspensión de la declaración y del análisis de los mails al tratarse de medidas excesivas y recordaba que no puede considerarse una malversación el hecho de que Álvarez contestase ciertos correos a Gómez en horario fuera de su jornada laboral, tal y como reprocha Peinado en una de sus resoluciones.
A raiz de esta citación, el presidente del Gobierno concedió la semana pasada dos entrevistas en las que acusó a ciertos jueces de hacer política. Esta afirmación provocó una respuesta de asociaciones judiciales e incluso de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quien ha advertido que “resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes calificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos”.
