En pleno estallido del caso Cerdán, la presidenta de Navarra, María Chivite, señaló que la adjudicación de las obras del túnel de Belate ha sido “la más transparente” de cuantas ha llevado a cabo el Gobierno foral. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, sin embargo, pone en tela de juicio esa lectura. Este órgano recoge en un informe conocido este lunes que existen “irregularidades” en la adjudicación a la UTE de Acciona Construcciones y Servinabar 2000, y, de hecho, considera “nula de pleno derecho” la adjudicación para duplicar el túnel.
El documento pone en cuestión la adjudicación a Servinabar, la empresa vinculada al exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, y señala, entre otras irregularidades que el presidente de la mesa conoció previamente las puntuaciones del resto de técnicos, algo que habría favorecido la adjudicación a la UTE bajo sospecha.
Valoración del Gobierno
La presidenta de Navarra, María Chivite, anunció que pediría informes a esta oficina cuando se publicó el informe de la UCO, a raíz del caso Koldo, que mencionaba a ambas empresas.
A primera hora de este lunes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno navarro, Félix Taberna, ha avanzado que habían recibido los informes, que han sido remitidos a la comisión de investigación constituida en el Parlamento Foral. Al respecto, se ha limitado a señalar que se aprecian “irregularidades administrativas”, sin entrar en detalles y precisando que no se observaba ningún perjuicio para las arcas forales.
Vulneró las “normas esenciales”
El informe relativo al túnel, señala que el procedimiento vulneró las normas esenciales de funcionamiento de los órganos colegiados. Apunta que cuatro vocales entregaron sus puntuaciones al presidente de la mesa, que fijó la suya conociendo previamente las de los demás.
Además, gran parte de la valoración de las ofertas se realizó mediante intercambio de correos electrónicos, sin convocatorias formales ni reuniones válidas, lo que fue objeto de votos particulares de varios vocales que denunciaron la falta de motivación de las puntuaciones y la existencia de vicios en el procedimiento.
La licitación, con un presupuesto de salida de 78,6 millones de euros, fue finalmente adjudicada por 62,88 millones, con una baja del 20 %, aunque el proceso superó en 80 días el plazo máximo legal.
Este órgano no ha podido determinar si existió un conflicto de interés en la actuación del presidente de la mesa, una cuestión que deberá dilucidar la comisión parlamentaria. En cualquier caso, considera necesaria una reforma de la Ley Foral de Contratos Públicos para reforzar la transparencia y garantizar el correcto funcionamiento de las mesas de contratación.
Irregularidades en contratos de VPO
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha concluido también que el contrato para la construcción de 62 viviendas de protección oficial (VPO) en Ripagaina (Pamplona), promovido por Nasuvinsa y adjudicada a Acciona y Servinabar, incurrió en “irregularidades graves” que lo hacen nulo de pleno derecho.
Así, señala que Nasuvinsa incumplió, en una adjudicación de 2018, de manera “sistemática y continua” la Ley Foral de Contratos Públicos, ignorando principios básicos de transparencia y legalidad.
Entre las deficiencias detectadas figuran la ausencia de documentación esencial de varias licitadoras, la falta de actas de la Mesa de Contratación, la adjudicación a una UTE (formada por Acciona y Servinabar) que no estaba formalmente constituida y el uso indebido de criterios de adjudicación.
Considera que la acumulación de incumplimientos “flagrantes y palmarios” excede de meras irregularidades administrativas y concluye que la adjudicación vulneró las reglas esenciales del procedimiento, por lo que carece de validez jurídica.
Además, ha detectado irregularidades en el contrato de construcción de 46 VPO en Ripagaina en 2022, adjudicado a una UTE formada por Acciona y Servinabar, que ponen en cuestión la legalidad del procedimiento.
El informe advierte de la ausencia de documentación preparatoria esencial, como el informe de necesidad, el informe jurídico y la fiscalización de la intervención. Además, señala que no se aprobó formalmente el expediente de contratación, requisito indispensable.
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UPN pide explicaciones a María Chivite
El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido al Gobierno foral que “dé la cara” y “sea capaz de asumir las responsabilidades políticas que correspondan”, después de que haya llegado un informe de la Oficina Anticorrupción de Navarra a la comisión de investigación abierta en la Cámara foral. “Está diciendo que es nula de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán”, ha indicado Esparza.
En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, ha señalado que “no nos ha dado tiempo a analizar más” sobre el informe y ha pedido al vicepresidente Taberna que “no venda humo”. “Mi compañera Marta Álvarez ya dijo que los informes de la Oficina Anticorrupción o de la Cámara de Comptos no pueden detectar si hay ilícitos penales o corrupción porque se centran únicamente en lo administrativo, en el procedimiento administrativo; no tienen más medios, no pueden entrar en el porqué de algunas de las irregularidades administrativas que están detectadas y denunciadas por los propios funcionarios”, ha explicado.
Así, Esparza ha señalado que la Oficina Anticorrupción “está diciendo que es nula de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán”. “Si esto les parecen pequeñas irregularidades, lo tendrán que explicar. Tendrá que explicar María Chivite por qué ha terminado adjudicando a una UTE en la que está una empresa de Santos Cerdán 76 millones de euros y hacerlo en un procedimiento que, según la Oficina Anticorrupción, es nulo de pleno derecho”.
La socialista Ainhoa Unzu ha señalado que, según el vicepresidente del Gobierno foral, “los informes de la Oficina Anticorrupción de Navarra se circunscriben al ámbito administrativo” y “no constan otros tipos de responsabilidades, ni se han detectado conflictos de intereses en los miembros de la mesa de contratación”. “Por lo tanto, parece que no hay nada ni ilícito ni penal y señala varios cuestionamientos al procedimiento administrativo”, ha dicho, para precisar que “se acaban de trasladar los informes a la comisión de investigación y no hemos tenido la posibilidad de analizarlos”.
La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado que, solo le constaba que han llegado los informes “hace muy poco” a la comisión de investigación y “se van a empezar a analizar enseguida”.
