La ‘desconexión’ de la industria militar israelí, que ayer se materializó en un decreto aprobado por el Gobierno —pese a que no tiene garantizada su convalidación en el Congreso de los Diputados ante las reticencias de Junts y Podemos—, no sólo afecta al desarrollo de grandes programas armamentísticos del Ministerio de Defensa como el lanzacohetes Silam o el lanzamisiles Spike, ambos con tecnología hebrea, sino que también alcanza al Centro Nacional de Inteligencia, donde estará vetado el uso de Pegasus, con el que se espió a líderes independentistas, incluido el expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Aunque en Moncloa evitan referirse expresamente al programa espía israelí —porque estarían incurriendo en una revelación de secretos—, lo que sí aseguran es que el departamento que dirige Margarita Robles, del que depende el CNI, “no utiliza” ya tecnología israelí “en ningún caso”.
Fuentes gubernamentales afirman haber completado la desconexión con la industria armamentística de Israel, pese a que hace unos meses, cuando estalló la polémica de la compra de balas israelíes por parte del Ministerio del Interior, desde el Gobierno se insistía —una y otra vez— que había componentes hebreos utilizados en las Fuerzas Armadas que no tenían sustitución. Aquello fue en abril. Ahora, dicen, la desconexión es total: desde el pasado mes de julio no se recurre ni a componentes ni a tecnología procedente de Israel. “Lo vamos a hacer con todas las consecuencias”, remarcan desde el Gobierno. De ahí, que el real decreto que tuvo la luz verde ayer del Consejo de Ministros lo que hará es de blindaje jurídico para negociar con las empresas la sustitución de los elementos israelíes. Un proceso en el que no se esperan grandes desembolsos económicos por incumplimiento de contratos, según trasladan desde el Gobierno.
En Moncloa defienden que el embargo, que esperan que sea imitado por otros países, ha ido “lo más lejos posible” que permite tanto el ordenamiento jurídico como los tratados internacionales, en referencia a que la limitación no afectará a las bases de Estados Unidos en Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Lo que sí prohibirá es el tránsito de aviones o buques de material de Defensa —o de doble uso—, que se venía aplicando gracias a una normativa de 2014. El paso más que da el decreto es la prohibición del combustible de aeronaves de uso militar. También afectará a aquellas empresas españolas o israelíes con sede social en España que comercialicen con componentes o tecnología israelí. “Estará prohibido”, se muestran tajantes en el Gobierno, desde donde aclaran que la nacionalidad de la sociedad es irrelevante.
El real decreto, que deberá ser convalidado el próximo mes en el Congreso de los Diputados aunque aún no están todos los apoyos amarrados, también incluye la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos ilegales. Para ello, el Gobierno va a emplear una primera lista que fue elaborada por la Unión Europea para excluir aquellos productos que procedan de territorios ocupados en Palestina. Aquí, la dificultad radica en lograr diferenciar los que son elaborados en Palestina o en Israel, según explican las mismas fuentes. Por ello, la Agencia Tributaria tiene encargo elaborar una lista de localidades y códigos postales de las mercancías para que las adunas puedan excluir los productos vetados. El grueso de estos productos son dátiles. Y en cuanto a las posibles sanciones por incumplir la norma, se trataría de un posible delito en el caso de superar los 50.000 euros de mercancía, que conllevaría entre uno y cinco años de prisión con multas que irían desde el valor de los productos hasta su séxtuplo.
