El secretario general de Junts, Jordi Turull, ve un futuro muy negro para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse la composición del tribunal que le enjuiciará previsiblemente en noviembre por un presunto delito de revelación de secretos. “Que Dios le pille confesado”, ha verbalizado Turull en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de La 2, al ser preguntado por la presencia en el tribunal del juez Manuel Marchena, que en su día presidió la sala que le juzgó a él y le condenó a 12 años de cárcel por sedición y malversación.
“Es un fanático, un activista político”. Así ha calificado el líder posconvergente a Marchena, del que ha dicho que es de “los que dicen te garantizamos un juicio como dios manda y después te fusilan”. En este sentido, el dirigente de JxCat ha recordado que este magistrado le interpretó el delito de malversación de “tres formas diferentes” cuando se abolió el delito de sedición para mantenerle la pena y para negarle la amnistía.
Y ha destacado que cuando la juez Ana Ferrer tachó de “delirante” la última interpretación de la malversación en un voto particular Marchena respondió que “como le dio tanta alegría” realizar el referéndum del 1-O el dinero que destinó a ello era “comparable” al que hubiera gastado “en la boda de su hija”.
Turull pasó algo más de tres años en prisión (2018-2021) hasta que fue indultado junto a los otros líderes del procés por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, de clara mayoría conservadora, está formado además de Marchena por otros cuatro de los magistrados que en el 2019 juzgaron y condenaron a los líderes del procés: los también conservadores Andrés Martínez Arrieta, que será el presidente, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, y la progresista ya citada Ana Ferrer. A ellos se sumarán la progresista Susana Polo, que será la encargada de redactar la ponencia y fue la que archivó el caso Tsunami a Carles Puigdemont, y Carmen Lamela, recordada por enviar a prisión a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez en octubre del 2017 y por mantener en prisión preventiva durante dos años al expresidente del Barça Sandro Rosell, quien a la postre quedó absuelto.
