La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha declarado como imputada ante una juez de Barcelona para descartar que hubiera espionaje de los servicios secretos a los altos cargos de ERC, Diana Riba y Josep Maria Jové. El Consejo de Ministros había habilitado a Esteban para declarar sobre los documentos desclasificados y la jefa de los servicios secretos ha asegurado que no había ninguna investigación sobre ambos dirigentes republicanos, según fuentes gubernamentales.
Esteban ha comparecido este lunes por videoconferencia desde Madrid para ser interrogada en calidad de investigada en la causa que investiga el juzgado de instrucción 20 de Barcelona sobre la infección de los móviles de Jové y Riva. La exjefa de los servicios de inteligencia, que fue destituida tras el escándalo, ha declarado apenas durante cinco minutos y se ha acogido al derecho de reserva que le impide pronunciarse sobre información declarada secreta, según la Ley de Secretos Oficiales. Es la segunda ocasión en que la exjefa de la inteligencia española declara como imputada en un juzgado. Ya compareció el pasado 26 de enero a raíz de la querella que interpuso el expresident Pere Aragonès, en la que tampoco aportó ningún dato y se escudó en que la información estaba protegida por la Ley de Secretos Oficiales.
La secretaria de Estado y directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, interviene en el acto de agradecimiento al trabajo realizado por el Foro Nacional de Ciberseguridad, en 2020
En esta causa, Riba y Jové presentaron una querella después de que varios análisis periciales determinaran que sus teléfonos habían sido infectados con el programa Pegasus, un software malicioso que fue adquirido por la inteligencia española. La jueza aceptó investigar el asunto, pero no admitió ninguna de las diligencias de prueba que presentaron los dirigentes de ERC, entre ellas, la citación de Esteban como investigada. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona corrigió a la jueza y le indicó que el supuesto espionaje del CNI “tiene suficiente fuerza incriminatoria” como para imputar a la exdirectora de los servicios secretos, al considerar que había indicios suficientes que apuntaban a que los móviles de Jové y Riba fueron atacados “con la misma infraestructura informática” a la que recurrió la inteligencia española.
Además, la resolución del tribunal provincial señalaba que no había hallado “ni en la Ley de Secretos Oficiales ni en su reglamento ningún impedimento legal” para que declarara la exdirectora del CNI y añadía que la desclasificación de documentos y la citación de Esteban “no ponía en riesgo la seguridad o los intereses del Estado o las personas vinculadas a la actividad del CNI”.
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El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, aseguró ante la jueza que fue espiado mediante el software Pegasus al menos desde marzo de 2019 hasta junio de 2020, cuando negociaba en nombre de su partido, la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los estados de alarma por la Covid o los presupuestos. Diana Riba, por su parte, indicó que su móvil fue infectado al menos el 28 de octubre de 2019, dos semanas después de la sentencia del procés que afectaba a su marido, el exconseller Raül Romeva, y mientras hablaba con su asesor europeo.
