La Audiencia de Valencia ha absuelto al inspector jefe de policía Ricardo Ferris, cesado como responsable de la comisaría Centro de València a raíz de sus palabras, en las que vinculó inmigración y delincuencia. Tiene abierto un expediente que se paralizó mientras se instruía la causa. También afirmó que “absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera”.
Los hechos se produjeron el 14 de octubre del 2022 en el Ateneo Mercantil de la capital valenciana, en las denominadas Jornadas sobre Inmigración y Seguridad Ciudadana. El acto fue organizado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (o Fundación Denaes). A raíz de sus controvertidas declaraciones, el inspector jefe fue acusado de un delito de odio por la fiscalía y por asociaciones de inmigrantes.
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La sentencia, que se puede leer íntegramente aquí, aunque sin nombres personales o con nombres ficticios, absuelve a Ricardo Ferris, actualmente sin destino y a la espera de que se resuelva su expediente disciplinario. Las acusaciones pedían para él penas de prisión y de inhabilitación. Sin embargo, la Audiencia de Valencia considera que debe prevalecer la libertad de expresión, a pesar de admitir que el acusado “se extralimitó”.
El tribunal no duda en calificar sus palabras de “ofensivas”, “muy discutibles” y “exageradas”. Afirmaciones tan categóricas como las suyas “no tienen justificación”. La sentencia, de 48 páginas, opta por la absolución. Pero, además de los argumentos legales para primar la libertad de expresión, los magistrados aprovechan la resolución para desmontar con cifras oficiales y uno a uno sus bulos sobre inmigración y delincuencia.
Opiniones versus cifras oficialesQué dijo el policía y qué dice la sentencia
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El policía: “Inmigración ilegal es igual a delincuencia”. En su comisaría, dijo, “desde hace cinco años ya no trabajamos con delincuentes nacionales. Cuando tenemos un detenido nacional, siempre hago la misma broma: en vez de pasarlo al juzgado, lo vamos a pasar al centro de Especies Reservadas de El Saler, porque ya no existen”.
El tribuna l: “Según los datos estadísticos publicados por el Ministerio del Interior referidos a la Comunidad Valenciana en el año 2022, la suma total de infracciones penales atribuidas a españoles asciende a 38.872, mientras que las atribuidas a extranjeros es de 19.766”.
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El policía: “Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera. Y esto lo digo y lo afirmo porque es así. Y con la violencia de género, que está ahora tan de moda, exactamente lo mismo”.
El tribunal: “En cuanto a los delitos contra la libertad sexual (según el anuario oficial antes citado) constan 1.034 atribuidos a españoles y 608 a extranjeros”.
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El policía, sobre los argelinos que llegan en patera: “Todos son expresidiarios”.
El tribunal, sobre esas y otras declaraciones: “Estas afirmaciones tan categóricas no tienen justificación. Especialmente considerando que el acusado, por su condición profesional, tenía conocimiento de las estadísticas policiales y, de hecho, podría haberlas traído a la conferencia (...),su condición profesional otorga un mayor alcance a este tipo de aseveraciones, pues el oyente puede confíar en que el orador tiene especiales conocimientos sobre la materia”.
El inspector jefe solicitó la jubilación voluntaria en el 2024 y durante la instrucción de la causa admitió que el día de la conferencia su estado anímico era delicado porque su madre acababa de fallecer. En ese contexto, afirmó: “Todos los terroristas, desde hace décadas, son musulmanes”. Consciente de los riesgos de las generalizaciones, luego matizó sus palabras y reconoció que no todos los inmigrantes son delincuentes.
“Solo un tonto diría lo contrario”, concluyó en relación con lo anterior, “pero no es menos cierto que todos los delincuentes son inmigrantes, al menos aquí en España”. ¿Por qué ha sido absuelto? Porque lo que es objeto de castigo en los delitos de odio “no puede ser la expresión de una idea, sino cuando se haga de modo que incorporen una provocación a la discriminación o a la violencia”, lo que a juicio del tribunal aquí no pasa.
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La Audiencia recuerda que “en nuestro sistema penal no se juzga a la persona por su forma de ser ni por sus opiniones, se juzgan los hechos”. El acusado alegó que su “segunda patria” es la República Dominicana, donde tiene una empresa de seguridad desde hace 15 años. Tampoco se le juzgó para decidir “si merece el calificativo de xenófobo”. Hechos, hechos, hechos. Y estos, sostiene el tribunal, no merecen un reproche penal.
Lo que dijo el acusado “además de ser inverosímil, también estigmatiza”. Los magistrados agregan que “aun admitiendo que se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión” porque “la imposición de penas en este caso supondría una reacción desproporcionada” y convertiría “el derecho penal en un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión”.
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La resolución cita cifras y porcentajes oficiales, acreditando su origen (lo que no ocurrió en el encuentro del Ateneo Mercantil). Dice la Audiencia: “Con independencia de las distintas lecturas que puedan efectuarse de estos datos estadísticos, lo que requeriría un estudio mucho más profundo, lo cierto es que en los datos globales detenidos e investigados extranjeros están lejos de representar siquiera la mitad de la delincuencia”.
Ello no es óbice, añade la resolución, para que “determinados distritos de València concentren un mayor porcentaje de delincuentes extranjeros, de modo que puedan representar incluso la mayoría de las detenciones en determinados delitos”. De ahí a generalizar media un abismo, pero no un abismo punible: “El Constitucional ha dejado sentado que la libertad de expresión también vale para las ideas que contrarían, chocan o inquietan”, aunque sean “ideas execrables”.
