Pedro Sánchez ha asegurado que su Gobierno será el “garante” de que no se recorte el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de ninguna administración pública, tras la polémica suscitada en el Ayuntamiento de Madrid ante la pretensión, luego matizada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, de imponer una información sobre presuntos traumas postaborto que no tienen ninguna evidencia científica. El jefe del Ejecutivo instó así el jueves a poner pie en pared ante “el sectarismo político y dogmatismo ideológico” que atribuyó al Partido Popular y la ultraderecha de Vox.
Pero el presidente del Gobierno, ante la “gravedad” que ha achacado a una iniciativa que ha denunciado como una “regresión” en los derechos fundamentales de las mujeres, está dispuesto a ir un paso más allá en su pulso ideológico con las derechas. Y, este viernes, el Ejecutivo ha anunciado su decisión de impulsar la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, “para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”.
“El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres”, advierte Sánchez
“El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres”, ha advertido el propio Sánchez al hilo de este anuncio de llevar al Parlamento una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. “Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás”, ha recalcado.
Además, según han informado fuentes gubernamentales, el Ejecutivo impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban “información falsa o sin evidencia científica”, empezando para ello por la modificación del real decreto 825/2010.
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El Gobierno propondrá así una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna. “En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, han argumentado en la Moncloa.
Para ello, el Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación. Con el argumento de peso de que el propio Tribunal Constitucional ya ha reconocido la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, del 9 de mayo.
“Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en el 2024. El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres”, han señalado estas fuentes.
Mayorías insuficientes
La propuesta de blindar el aborto en la Constitución se enfrenta a mayorías parlamentarias muy difíciles de conseguir sin un amplio consenso, e imposibles en la legislatura actual si el PP y Vox se oponen como ya han anunciado.
Si el reconocimiento del aborto se incluyera en el capítulo “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, el procedimiento de reforma sería el agravado, que requiere una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y seguidamente la disolución inmediata de las Cortes y convocatoria de elecciones. Es decir, tendrían que votarlo a favor al menos 233 diputados, pero en esta legislatura solo hay 180 que no sean de PP y Vox, partidos que ya han avanzado su rechazo a la propuesta. Además, el inicio de la reforma por la vía agravada necesitaría también del apoyo de al menos 176 senadores, que está más lejos todavía del alcance del bloque de investidura, dada la amplia mayoría del PP en la Cámara Alta.
Tampoco serían fáciles las mayorías parlamentarias necesarias en el caso de que el intento de reforma no implicase un cambio en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales y libertades públicas.
El comienzo de la reforma por esta vía requeriría la aprobación por 210 diputados y 159 senadores, igualmente alejado de las mayorías posibles para Sánchez tras la negativa del PP.
Si se aprobara en el Congreso y en el Senado no, la Constitución en su artículo 167 da pie a que se creara una comisión de diputados y senadores que presentara un texto, el cual requeriría solo de mayoría absoluta en el Senado, pero que elevaría a 233 los votos necesarios en la Cámara Baja.
En cualquier caso, no podría prosperar si el PP y Vox se oponen, por lo que el PSOE y Sumar tendrían que acordarlo con el PP o esperar a mayorías más amplias en otra legislatura.
Por otra parte, el Ejecutivo impedirá “la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, empezando por la modificación del real decreto 825/2010”. La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Teorías sin base científica como el supuesto “síndrome postaborto” no tendrían así cabida en estas clasificaciones.
El Gobierno ha asegurado que “continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo”. “Nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres”, han recalcado en la Moncloa.
Este año, precisamente, se conmemora el 40º. aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de forma restringida. La ley orgánica 2/2010 reguló por primera vez el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación. En el 2014, según el Gobierno, “la lucha de las mujeres impidió la aprobación de una ley aún más restrictiva que la de 1985”.
En el 2023, la ley orgánica 1/2023 amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho. Asimismo, la ley orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Tras el anuncio de la propuesta, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ha celebrado y ha llamado a “proteger” la libertad y los derechos de las mujeres frente a “los embistes reaccionarios”.
“El aborto tiene que estar blindado en la Constitución. Ya presentamos la propuesta, es hora de votarla en el Congreso. El PP cada vez se diferencia menos de la ultraderecha. Tenemos que proteger nuestra libertad y nuestros derechos de los embistes reaccionarios”, ha asegurado Díaz en un mensaje en la red social Bluesky.
