El año judicial en Catalunya ha arrancado con un acto solemne celebrado en los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia. Una vez superadas las tensiones del procés y con el conseller de Justicia presente en el acto, los discursos han girado en torno a la falta de medios que azota a la administración de Justicia en Catalunya. La presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha reclamado la creación de 35 plazas de juez de forma urgente y el fiscal superior de Catalunya también se ha expresado en la misma línea, exigiendo una mayor dotación de recursos. “Las deberían crear ahora, no en diciembre de 2026”, ha exigido Caso, a pesar de que ha cifrado en 187 las plazas de juez que serían necesarias para solucionar la situación. “La administración de Justicia tiembla por la inasumible litigiosidad”, ha señalado, al tiempo que ha remarcado que la creación de nuevas plazas de juez “no puede depender de circunstancias políticas”.
Una de las medidas que entra en vigor este viernes y que, a juicio de la presidenta del TSJC, provocará un nuevo atasco es que los juzgados de violencia de género deberán asumir el enjuiciamiento de una cartera de nuevos delitos. Se ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, no solo de los cometidos por la pareja o expareja, como hasta ahora. Esto ha provocado las críticas de los titulares de estos juzgados, que alertan de que sin un incremento de medios no podrán asumir las nuevas cargas de trabajo. “La Sala de Gobierno está comprometida en recibir y transmitir la situación que se produzca desde hoy, especialmente en lo que afecta a la atención a las víctimas, en el tiempo de espera, en la capacidad de poder dar una respuesta, porque no es igual la instrucción de un tipo delictivo que otro y nuestro sistema no puede añadir dolor al dolor de las víctimas”, ha expuesto. “Llevaremos a la Mesa del CGPJ todas aquellas medidas de refuerzo que sean necesarias y que se sumen a las que ya hemos pedido”.
El fiscal superior de Catalunya lamenta la “exasperante lentitud” de la digitalización de la jurisdicción penal
El mismo diagnóstico ha hecho el fiscal superior de Catalunya durante su intervención. Francisco Bañeres ha recordado que en Catalunya ejercen 40 fiscales sustitutos y ha exigido una mayor dotación de recursos. Una de las reclamaciones del fiscal superior ha sido respecto a la falta de digitalización de la jurisdicción penal, donde todavía no se ha desarrollado el programa E-Justicia y muchos juzgados siguen funcionando con fax y en papel. Bañeres ha lamentado la “exasperante lentitud” en poner en marcha el sistema, que debería ser “absolutamente prioritario”.
