Ni un paso –o palabra– en falso que pudiese comprometer la vuelta de todos los españoles de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel. Esta es la premisa detrás del silencio del Gobierno sobre las denuncias de malos tratos, físicos y psicológicos, a manos de policías israelíes que han relatado los primeros deportados. Escuchar las humillaciones expuestas por los activistas, estudiar posibles medidas jurídicas y callar hasta que la última activista en regresar –una mallorquina que presuntamente agredió a una funcionaria– llegue. Pero habrá respuesta, según confirman fuentes ministeriales, tanto por parte del Gobierno como de la Fiscalía General del Estado.
En la noche del domingo, tras la llegada del primer grupo de españoles deportados –a los que Israel obligó a firmar un documento reconociendo su entrada ilegal en el país pese a ser abordados en aguas internacionales–, el Ministerio de Exteriores esperaba que el resto de arrestados, que se negaron a firmar ese documento, volviesen en las siguientes 24 horas. Finalmente, no todos pudieron hacerlo ayer. La policía de Israel confirmó en redes sociales la prórroga del arresto de Reyes Rigo, de 50 años, que fue evacuada desde la cárcel a una comisaría para ser interrogada tras haber mordido supuestamente a una agente. De esta forma, ayer se materializó el regreso de 27 integrantes de la flotilla que quedaban por ser puestos en libertad.
Activistas recibidos ayer en el aeropuerto de Atenas, entre los que figuraban algunos españoles
Los detenidos van a recabar pruebas del maltrato para una denuncia colectiva a escala internacional
El segundo grupo liberado de la prisión llegó a Grecia en un vuelo comercial costeado por el Gobierno como los del Air Europa que aterrizó el domingo en Barajas con los primeros deportados. De ahí, unos partieron hacia Barcelona –entre ellos Pilar Castillejo y Adrià Plazas, miembros de la CUP– y Bilbao, también en vuelos comerciales. Y el grueso del grupo regresó a Madrid en un A400M del Ejército del Aire y del Espacio que el Ministerio de Defensa movilizó desde el Ala 31 en Zaragoza hasta Atenas.
Mientras los 27 activistas de la flotilla regresaban a España, los primeros en llegar relataron en medios de comunicación la detención, a todas luces, ilegal.
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Jordi Coronas, capitán del barco Adara y concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, explicó que lo vivido en los últimos cinco días ha sido “lo peor de la humanidad”. Lamentó que vivieron un abordaje “violento”, que fue un “secuestro con fusiles en la mano”, pero no hubo “escalada de violencia” y pudieron “mantener la calma y la integridad física, que era el objetivo principal”. “Acabó siendo una intercepción no pacífica, porque la hicieron con un fusil en la mano, pero no violenta”, apuntó.
Con respecto a este asunto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pese a que apeló a la cautela, apuntó a que, si los abordajes se realizaron en aguas internacionales, los convenios son claros, teniendo calificación jurídica tanto de carácter internacional como en el ámbito nacional: “Una privación de libertad absolutamente ilegal de las personas víctimas de esos hechos”.
En cuanto a los malos tratos que denuncian los miembros de la flotilla, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, avanzó que el equipo jurídico que los ampara está estudiando una denuncia colectiva a nivel internacional. “Esto no puede quedar impune. Si se normaliza este maltrato sistémico, luego serán capaces de hacer cualquier cosa”, explicó Colau, quien detalló que en los próximos días recopilarán todas las pruebas y detalles de lo ocurrido. Según el relato que hizo la exalcaldesa tras aterrizar en El Prat, pasaron 30 horas sin agua ni comida en la cárcel, donde tuvieron que compartir una celda de cuatro metros cuadrados –“una jaula”– una quincena de mujeres.
Desde el Gobierno van a animar a los activistas de la flotilla a presentar denuncias sobre los presuntos malos tratos y vejaciones sufridas que pudiesen ayudar a una posible investigación judicial por parte de la Fiscalía General del Estado, muy proactiva en este asunto. El ministerio público anunció la semana pasada que incluirá la interceptación de la flotilla en su investigación sobre los “crímenes” de Israel en Gaza. Esta investigación fue solicitada durante el mes de julio por la fiscal de sala coordinadora de derechos humanos y memoria democrática, Dolores Delgado, y también está involucrado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
Por su parte, Podemos presentó ayer una denuncia en la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, por el arresto de activistas.
