La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 por la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta y que, tras ser elegidos, se integraron en el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos.
Esta causa se suma a las tres ya abiertas que Alvise tiene en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en el 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.
El Tribunal Supremo admitió a trámite la cuarta querella, interpuesta por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco contra Alvise, el 27 de junio de 2025 al considerar que en este caso concurrían, en plena sintonía con el informe del Ministerio Fiscal, indicios de criminalidad.
Los denunciantes manifestaron que el líder de Se Acabó La Fiesta filtró sus direcciones de correo, sus números de teléfono y sus redes sociales. Como consecuencia, habrían recibido una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, hasta el punto de que se “habrían visto compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas”. La querella aporta el correspondiente soporte documental.
Todo ello, según se recoge en el auto, “obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar” además de mencionar el “miedo que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido”.
Para la Sala, “aparece indiciariamente justificado” que Alvise “pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas, todo ello, sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política”. Toda esta campaña se expandía a través de un podcast y de un canal de Telegram propiedad del querellado.
Así pues, la Sala considera que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público”.
A día de hoy, Diego Adrián y Nora Junco figuran como independientes en la página web del Parlamento Europeo y Alvise permanece en la bancada de No Inscritos.