La reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, impulsada por el Gobierno, ha abierto su primer frente interno. Aunque tanto el PSOE como Sumar coinciden en la necesidad de consagrar este derecho en la Carta Magna, discrepan sobre el alcance y la redacción final de la iniciativa.
El equipo de Pedro Sánchez, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al frente, trabaja desde hace días en un texto técnico que permita reformar la Constitución por la vía ordinaria -la que requiere una mayoría cualificada de tres quintos en Congreso y Senado-. Según han indicado fuentes de Sumar a La Vanguardia, la propuesta socialista plantea incluir una referencia general a la salud pública: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
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Para Sumar, esta fórmula es insuficiente. El grupo confederal liderado por Yolanda Díaz reclama que la Carta Magna reconozca expresamente “el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal”, y que se garantice su ejercicio “con absoluto respeto a la autonomía física” de las mujeres. “No es lo mismo una referencia en genérico para garantizar la salud pública y sus servicios que reiterarla en un potencial apartado 4 para referirnos a un derecho específico. Eso llama a limitación”, explican fuentes parlamentarias del grupo.
La propia portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha apostillado esta mañana que “blindar el derecho al aborto no puede ser una referencia genérica en la Constitución. Eso no sirve para nada. Los derechos tienen que tener contenido”. Y por ello ha advertido al PSOE de que “si, por contra, se dejan simplemente al desarrollo de una ley, ahí podemos tener un problema gordo porque se corre el riesgo de perder la jerarquía normativa entre Constitución y Ley cuando no se dota contenido a un derecho en la Constitución española”.
La discrepancia, por tanto, no cuestiona la decisión política de impulsar la reforma, que cuenta con el respaldo de las formaciones de la izquierda y de los socios de investidura, pero sí anticipa una negociación intensa dentro del propio Ejecutivo sobre la fórmula final.
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Por todo ello, el Gobierno va a solicitar un segundo requerimiento al Consejo de Estado para que elabore el dictamen para la eventual reforma del artículo 43 de la Constitución. Aun a riesgo de que no prospere, en Moncloa consideran que este es el momento adecuado para dar el paso. La vía elegida obliga a buscar el apoyo del Partido Popular, imprescindible para sacar adelante la reforma. Algo que parece muy lejano una vez conocida la posición de Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno, en cualquier caso, pretende forzar a los populares a fijar posición sobre un asunto que divide internamente a la formación, como se evidenció en los pronunciamientos recientes de Isabel Díaz Ayuso.
Feijóo se descuelga con una reforma de la Ley a la inversa
Feijóo ha propuesto una reforma a la inversa. Esta pasaría por confeccionar un registro de médicos que sí estén dispuestos a practicar el aborto como alternativa al listado de objetores de conciencia al que obliga la ley.
Sin embargo, y como sucede con cualquier otro servicio incluido dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud, no existen registros de profesionales dispuestos a prestarlo.
La segunda polémica radica en que todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, suscribieron hace unos meses la creación de la lista de objetores. Pero no ha sido hasta hace unos días cuando la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como presidenta se ha desdicho negándose a cumplir una medida firmada por su propia consejería de Sanidad.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado en una entrevista concedida esta mañana a la cadena SER que el Consejo de Ministros requerirá este martes a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley del aborto y cree el registro de médicos objetores de conciencia para la práctica del aborto que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que pretende incumplir. El líder del Ejecutivo ha añadido que le gustaría “que un partido de Estado como es el Partido Popular exija a la presidenta madrileña que cumpla con la ley. Y contraponiendo la situación de Roma, donde “el 90% de los abortos se produce en la sanidad pública”, ha denunciado que la situación en Madrid es la contraria ya que “solamente se practica el 1%”. “Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley en todo el Estado, por supuesto, en la Comunidad de Madrid”, ha zanjado.
