El PSOE y Sumar han alcanzado este martes un acuerdo para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna ante la “ola reaccionaria” que viene. El entendimiento se ha terminado desbloqueando este mediodía tras las diferencias internas que los socios de Gobierno presentaban sobre el alcance de la futura modificación del artículo 43 de la Constitución. Concretamente sobre el redactado final de la reforma constitucional y que finalmente incluirá un cuarto punto de forma para “reconocer el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i) y la ministra de Sanidad, Mónica García (d) han detallado la reforma para blindar el aborto
El Consejo de Ministros ha optado por vehiculizar esta reforma en el capítulo tercero de la Constitución, que aborda los principios rectores de la política social y económica. Esto significa que el derecho al aborto no se concibe como un derecho fundamental y, por tanto, la reforma constitucional para reconocerlo será ordinaria y no agravada. “Lo que nos viene es durísimo, es un recorte brutal de los derechos de las mujeres. Lo hemos visto, es lo primero a lo que se dedica la extrema derecha cuando llega a los gobiernos”, ha alertado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la formalización del acuerdo para el que se va a solicitar un primer informe al Consejo de Estado.
La negociación se ha librado en medio de un intenso debate interno en el seno del Ejecutivo. Sumar había advertido de que una redacción genérica que remitiera únicamente a la salud pública sería “insuficiente” y podría dejar el derecho desprotegido frente a eventuales cambios legislativos. Pero el acuerdo alcanzado salva ese escollo y permitirá al Ejecutivo llevar el texto consensuado al Consejo de Estado encargado de emitir su dictamen antes de iniciar el procedimiento parlamentario.
¿Cuáles son los pasos necesarios para una reforma ordinaria?
El Gobierno aprobará un proyecto de ley o bien que el Senado o el Congreso impulsen una proposición de ley. En este caso, es el Ejecutivo el que da ese paso en Consejo de Ministros. Una vez en la Cámara Baja, su aprobación exigirá el apoyo de tres quintos, esto es, el apoyo de al menos 210 diputados. Con la aritmética parlamentaria actual, sería necesario el respaldo del PP para que salga adelante.
Si el Congreso aprobara el texto, tendría que viajar al Senado, donde caben dos opciones: que se apruebe sin modificaciones con tres quintos de la Cámara o bien que se introduzcan cambios. De ser así, habría que constituir una Comisión Mixta para que Congreso y Senado acordaran un texto común.
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Ese texto común tendrían que ratificarlo los tres quintos de las dos Cámaras o bien la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso, 234 diputados. Y, llegados a este punto, se abre un plazo de 15 días durante el que el 10 % de diputados o de senadores pueden solicitar que el texto sea votado en referéndum.
Si el Gobierno hubiera optado por considerar el aborto un derecho fundamental, la reforma constitucional hubiera sido agravada, esto es, exigiría una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y seguidamente la disolución inmediata de las Cortes y convocatoria de elecciones.
Tanto PP como Vox han avanzado que no apoyarán esta reforma, con lo cual tiene pocos visos de prosperar. Sin embargo, en Moncloa argumentan que la iniciativa servirá para obligar a los populares a fijar una posición clara sobre un asunto que divide internamente al partido como está dejando en evidencia el pulso de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Feijóo se descuelga con una reforma de la Ley a la inversa
El gallego propuso ayer una reforma a la inversa. Esta pasaría por confeccionar un registro de médicos que sí estén dispuestos a practicar el aborto como alternativa al listado de objetores de conciencia al que obliga la ley.
Sin embargo, y como sucede con cualquier otro servicio incluido dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud, no existen registros de profesionales dispuestos a prestarlo.
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Al margen de esta propuesta, la gran polémica radica en que todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, suscribieron hace unos meses la creación de la lista de objetores. Pero no ha sido hasta hace unos días cuando la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como presidenta se ha desdicho negándose a cumplir una medida firmada por su propia consejería de Sanidad.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado en una entrevista concedida esta mañana a la cadena SER que el Consejo de Ministros requerirá este martes a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley del aborto y cree el registro de médicos objetores de conciencia para la práctica del aborto que Ayuso ha declarado que pretende incumplir.
La ministra de Sanidad, Mónica García; ha amonestado a Ayuso creerse que está “por encima de la ley y de los derechos de las mujeres”
“La Comunidad de Madrid, al igual que las otras dos comunidades -Baleares y Aragón-, tienen un mes para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley” con el registro de objetores al aborto, ha advertido Mónica García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La titular de Sanidad ha detallado que se trata del procedimiento previo antes de acudir a los tribunales y plantear un contencioso-administrativo. “Ayuso se ha creído que está por encima de la ley y de los derechos de las mujeres”, ha dicho la ministra quien también se ha referido a la advertencia lanzada por la dirigente madrileña hace apenas una semana: “Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio a abortar”, ha sentenciado.
1.332 viviendas en antiguas cárceles
El Gobierno también ha acordado en el Consejo de Ministros de este martes el traspaso a Sepes de terreno e infraestructuras del Ministerio de Interior que corresponden a suelos penitenciarios y que pasarán a albergar 1.332 viviendas protegidas y asequibles, concretamente, ocho instalaciones en Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos.
Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, certificando que el objetivo pasa por ”tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través de la nueva empresa pública de vivienda” de forma que “lo que fueron celdas” se conviertan en “lugares que serán hogares”.
El valor de estos terrenos es de 78 millones de euros, pero al igual que con las viviendas y suelos de la Sareb, el Gobierno establecerá una pasarela por la que el Ministerio no asumirá el pago. Uno de los terrenos traspasados serán el de la cárcel de Carabanchel, en Madrid, que podrá albergará unas 508 viviendas en sus 27.000 metros cuadrados.
