El pensamiento mágico que afirma que se pueden tener hospitales, carreteras o escuelas sin pagar impuestos hace estragos entre la ‘generación de la democracia’ (los nacidos a partir de 1977). Hasta un 42% de ellos considera que los impuestos “son una obligación impuesta por el Estado sin saber muy bien para qué”. De hecho, la cifra total de ciudadanos que comparten ese negacionismo tributario ha crecido más de diez puntos desde el año 2023, hasta rozar el 31% ahora (los datos son del CIS).
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Hay salvedades, por supuesto. En la franja de edad comprendida entre los 18 y los 24 años, el nihilismo fiscal se sitúa en la media. Y a partir de los 65 se reduce visiblemente la cifra de ciudadanos que rechazan sus obligaciones tributarias (hasta el 17% entre los mayores de 74 años). Sin embargo, el conjunto de indicadores de la encuesta anual del CIS sobre política fiscal revela una tendencia sostenida hacia un mayor rechazo a la presión fiscal en España.
Cuatro de cada diez miembros de la ‘generación de la democracia’ rechaza la necesidad de los impuestos
Por ejemplo, en los últimos cinco años ha caído diez puntos la cifra de ciudadanos que juzgan “necesarios” los tributos para que el Estado pueda prestar servicios. Y al mismo tiempo, ha crecido hasta suponer casi la mitad de los consultados (el 48%) la cifra de españoles que creen que en España se pagan muchos impuestos. En el 2023 así lo creía un 38% de los ciudadanos, aunque hace una década ese porcentaje suponía 20 puntos más que ahora (rozaba el 70%).
Ahora bien, algo no se está haciendo bien en la gestión pública (o en la comunicación política) porque vuelve a imponerse entre la ciudadanía la sensación de que la sociedad no se beneficia de lo que se paga en impuestos o de que en España se pagan más que en el resto de Europa (algo que desmienten los indicadores de Francia, Austria, Italia, Alemania o incluso Portugal y Grecia). Pero, aun así, cerca del 40% de los ciudadanos (casi nueve puntos más que en el 2023) comparte la percepción de que la presión fiscal es mayor en España. De hecho, en los dos últimos años ha caído hasta el 40% (más de nueve puntos) el porcentaje de españoles que consideran que la sociedad “se beneficia mucho o bastante” del pago de impuestos y cotizaciones.
El 20% de los españoles y más del 15% de los votantes de izquierda optan por menos tributos aunque haya peores servicios
Ciertamente, la filiación partidista tiene bastante que ver con las percepciones individuales. Por ejemplo, mientras casi el 60% de los votantes del PP (y cerca del 80% de los de Vox) piensan que en España se pagan más impuestos que en Europa, ese porcentaje cae por debajo del 20% entre los seguidores del PSOE (y del 15% entre los de la izquierda alternativa). Pero el sesgo partidista no lo explica todo y es posible que los casos de corrupción tengan algo que ver con el mayor recelo fiscal.
En este sentido, los partidarios de pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos han caído nueve puntos desde el 2023. Pero ese descenso no se debe solo a una ‘reacción antifiscalidad’ de los votantes conservadores, sino también a un cambio de actitudes entre los electores de izquierdas. Los defensores de mejorar las prestaciones públicas aunque haya que incrementar la presión fiscal han caído 11 puntos entre los votantes del PSOE en los dos últimos años y 8 entre los de Sumar.
Paradoja: crece la cifra de partidarios de gastar más en sanidad, seguridad, vivienda, transportes o incluso defensa
Eso sí, la sombra de una cierta ingenuidad fiscal asoma en las exigencias que los ciudadanos en su conjunto formulan al Estado mientras, simultáneamente, se quejan de la presión fiscal (una paradoja que se condensa especialmente en la ‘generación de la democracia’). Por supuesto, en todos los sondeos anuales del CIS la impresión dominante es que, desde las administraciones públicas, no se destinan los recursos suficientes a las distintas partidas del estado del bienestar (enseñanza, sanidad, vivienda o seguridad). La paradoja en esta ocasión es que esa percepción no solo se mantiene elevada sino que ha crecido en otros capítulos.
En definitiva, aumenta en torno a cinco puntos la exigencia de más recursos para las políticas de vivienda (hasta cerca del 85% de menciones), pero también lo hace en obras públicas o incluso en defensa, mientras que ese mandato crece más de nueve puntos en comunicaciones: hasta el 45%. Por último, la segunda cifra más elevada de consultados que exigen más recursos en un determinado ámbito (el 80%) corresponde al capítulo de investigación. Una sorpresa positiva. Es bueno saber que pese a los insultos a la inteligencia que inundan las redes sociales, los españoles han desterrado el letal aforismo del “que inventen ellos”.