Sumar hizo temblar ayer los cimientos del gobierno de coalición al invitar a la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, a dimitir. Un hecho insólito entre socios que ni siquiera Unidas Podemos se atrevió a proponer en la anterior legislatura y del que, pasadas las horas, el grupo plurinacional intentó desmarcarse presentando su posterior rectificación como una simple “diferencia de interpretaciones”.
La secuencia de la jornada se inició al filo de las 10.30 horas. Una vez superado el ecuador de la legislatura, y con la vivienda escalando hasta situarse como el principal problema de los españoles, la dirección del grupo parlamentario de Sumar decidió elevar el tono con el PSOE sugiriendo sin ambages que, si la ministra continúa sin asumir la necesidad de aplicar políticas “serias, innovadoras y valientes” para afrontar la crisis de precios, “debería dejar paso” a alguien dispuesto a hacerlo tras “la decepcionante” gestión de Rodríguez.
Las palabras, esbozadas por la portavoz parlamentaria confederal, Verónica Martínez Barbero, venían precedidas del malestar que en Sumar han generado iniciativas del ministerio como la creación de un teléfono gratuito (047) para ofrecer información “veraz” sobre la normativa aplicable en cada territorio y los programas de ayudas existentes.
Las declaraciones de Barbero abrieron una doble grieta: Una en el seno del Gobierno y otra dentro de Sumar
Pero más allá de un simple choque entre socios –como el PSOE calificó el real decreto-ley con medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda que Sumar presentó hace diez días–, lo de ayer supuso cruzar una línea roja en forma de invasión de competencias. Porque más que un paso adelante, “lo de Sumar fueron varios”, razonaron fuentes socialistas al entender que su socio estaba cruzando un umbral desconocido entre socios de coalición.
El movimiento del grupo parlamentario de Sumar coincidió con la celebración del Consejo de Ministros en La Moncloa, donde las palabras de Martínez Barbero fueron recibidas con visible malestar por el área socialista. Varios de sus ministros censuraron de inmediato la injerencia interpretándola como un gesto de deslealtad institucional. Pero la advertencia lanzada desde el Congreso no solo tensó la relación entre el PSOE y Sumar, sino que también generó incomodidad en el propio espacio confederal, donde algunos interpretaron que se estaba dejando abierto el camino para que el PSOE reclame, cuando lo considere oportuno, la salida de cualquiera de sus cinco ministros.
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Aunque Martínez Barbero trató de matizar sus palabras en las horas siguientes, el revuelo generado obligó al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, a salir en busca de calma subrayando que los representantes de Sumar en el Ejecutivo “están dialogando para ver la mejor manera posible de afrontar el problema de los precios de la vivienda”, y defendiendo que el “problema de la vivienda” debe ser abordado de forma “ágil e insistente” por parte de las administraciones.
El Gobierno plantea un nuevo impuesto que gravaría al 100% las compras de residentes de fuera de la UE
Pese al choque con sus socios de coalición, el Ministerio de Vivienda, con el respaldo de La Moncloa, va a dar un acelerón durante los próximos días a dos proyectos importantes. En primer lugar, el PSOE pretende llevar al Pleno del Congreso del 25 al 27 de noviembre su propuesta sobre fiscalidad inmobiliaria, que plantea un IVA del 21% a los alquileres turísticos, así como un nuevo impuesto que gravaría la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes en la UE. Así, Hacienda crearía un nuevo tributo correspondiente al 100% del valor de la vivienda, lo que doblaría el precio del inmueble. La iniciativa también propone un endurecimiento de la tributación de las socimis, de forma que el 15% en el impuesto de sociedades aumentaría al 25%.
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El PSOE también quiere llevar al mismo Pleno la iniciativa para limitar el alquiler de temporada, proyecto de Sumar y otros socios de investidura. La medida goza de una complejidad especial, ya que ya en septiembre del 2024 el Congreso ya tumbó una iniciativa similar. La clave pasa por Junts, cuestión en la que ya está trabajando el Ministerio de Vivienda.
