La negociación por la financiación está en su fase crucial. La voluntad de María Jesús Montero es acelerar el calendario y presentar las bases del nuevo modelo en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar en noviembre. No obstante, el detalle y concreción de la propuesta de sistema dependerá del estado de las conversaciones con ERC, en cuyas filas no se respira optimismo.
El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, verbalizó ayer esta distancia con el Gobierno en una conversación en el Col·legi d’Economistes con su decano, Carlos Puig de Travy. En la cifra de recursos adicionales que aportará el Estado a las comunidades –montante que previsiblemente oscilará los 20.000 millones de euros y del cual la Generalitat podría recibir más del 20%– las posiciones se han acercado. Ahora bien, en la formación temen que el Ministerio ponga el foco en la cuantía y, por ello, Junqueras quiso enfatizar ayer que el modelo pactado entre el PSC y ERC “ha de ir más allá de una cifra”.
Las prisas de Hacienda contrastan con la de los republicanos. El escenario de que se pueda presentar un modelo sin su concurso lo ven inaceptable y el máximo mandatario de Esquerra quiso lanzar una advertencia: “Si nos quieren imponer un modelo sin cumplir con lo que se comprometieron, tienen que saber que nos encontrarán en el trámite parlamentario. No les servirá de nada ignorar sus compromisos porque nuestros votos serán imprescindibles”. En otras palabras, entonces dejarían la reforma en el tintero.
Aunque esta pueda ser satisfactoria, solo será suficiente –a ojos de Esquerra– si está “blindada”. Y esto discurre por tres vectores, que son los elementos en los que la discusión está más enquistada.
El Estado estudia aportar unos 20.000 millones extra al nuevo modelo, pero ERC quiere ir más allá de la cifra
Según expuso ayer el dirigente republicano, hay diferencias técnicas con la propuesta actual de Hacienda en la población ajustada, la ordinalidad y la recaudación fiscal. La población ajustada siempre ha sido uno de los caballos de batalla entre el Estado y las comunidades autónomas. Se determina bajo factores como la dispersión poblacional o el envejecimiento, entre otros.
La propuesta actual, según Junqueras, “rebaja” la población ajustada –cuyo baremo desde el último modelo es de 7,7 millones, pero la población real ha crecido y supera los 8 millones–. El republicano lo ve inasumible porque “nadie puede aceptar que, si la sociedad catalana no para de crecer, la población ajustada con la que se hace el cálculo sea inferior a la actual, implicaría menos recursos”.
Esto impacta en la ordinalidad, porque la población ajustada es clave para la distribución de los recursos. El presidente de Esquerra criticó que Montero se niegue “explícitamente” a incluir dicho principio, aunque esquivó exigir su cumplimiento literal.
En esta línea, el político republicano señaló que el objetivo es que haya “menos diferencia entre la posición en la que aportamos y en la que quedamos cuando recibimos”. Actualmente, Catalunya es la tercera en aportar, pero la décima en recibir recursos. Esquerra quiere que se escale en esta última clasificación, pero asume que será complejo llegar a la tercera plaza. En el Ministerio adelantan que habrá un mecanismo que reduzca estas diferencias.
Los republicanos denuncian que Hacienda plantea una cifra “inferior” de población ajustada
Esta variación sobre la ordinalidad –ahora se busca una mejora– radica en la mayoría “amplia, plural y diversa” del Congreso, necesaria para que el modelo prospere. Oriol Junqueras quiso subrayar que su partido “no está en condiciones de lograr todo”, ya que hay formaciones del bloque de la investidura –y las comunidades del PP– que “no están de acuerdo” con la propuesta republicana. Y eso implica ceder.
Al encaje de bolillos se suma la proposición de ley que ERC registró en septiembre para efectuar los cambios legislativos a fin de que Catalunya pueda recaudar el IRPF, pero Hacienda se opone a la propuesta. Los republicanos proponen modificar tres leyes –la LOFCA, la ley de regulación del sistema de financiación de las comunidades del régimen común y la del cesión de tributos del Estado a la Generalitat–, pero la idea de Hacienda es cambiar las dos primeras. Los republicanos, además, quieren modificaciones más profundas en la LOFCA.
Otros aspectos que están encima de la mesa negociadora son la financiación de las competencias no homogéneas –las propias de la comunidad autónoma– o el IVA de las pymes, en el que el Gobierno que está a priori de acuerdo, como mecanismos de nivelación.
Más allá de los elementos que siguen en liza, el calendario será largo. La tramitación de una reforma de esta magnitud puede durar medio año solo en el Congreso. Esquerra elude fijarse plazos porque priorizan un “buen acuerdo a un acuerdo”. Y ello repercute en los presupuestos de 2026, carpeta en la que Junqueras insistió ayer que no abordarán sin financiación: “Queremos que las instituciones tengan presupuestos, pero solo serán buenos si tienen los recursos de un buen modelo”.
La negociación por la ordinalidad se centra en reducir la diferencia entre lo que Catalunya aporta y lo que recibe
Con la cifra, pues, no bastará. En este contexto Oriol Junqueras recordó el último modelo de financiación: “La cifra pactada fue de 3.800 millones de euros y se fundió en pocos meses porque el sistema no estaba bien hecho”. Además, la crisis económica incidió notoriamente. ERC busca garantías de un modelo blindado ante cualquier coyuntura.