La ruptura de la relación política entre Junts y el PSOE tendrá importantes implicaciones en negociaciones que se habían iniciado y que se encontraban sin cerrar hasta la decisión del pasado lunes en Perpiñán. Una de las más reseñables es el plan de regeneración democrática presentado por Pedro Sánchez tras los cinco días de reflexión de abril del 2024, un plan troceado en distintos proyectos. Uno de ellos era el combate contra la desinformación y la supervisión de los bautizados por el Ejecutivo como “pseudomedios” a través de un nuevo departamento dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ejercería las labores de inspección y sanción sobre periódicos, televisiones, radios u otros soportes. Los socialistas habían iniciado negociaciones con Junts, pero ahora, con el paso al bloque de la oposición de los siete diputados en el Congreso del partido dirigido por Carles Puigdemont, la hoja de ruta gubernamental queda paralizada.
El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública había contemplado la creación de esta nueva área de supervisión en el “anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”. Antes lo había plasmado en un real decreto-ley, que decayó en el Parlamento. Incluso había contemplado ubicar la dirección general de Servicios Digitales y Medios de Comunicación –así se iba a llamar– en Barcelona para reforzar el papel de Catalunya como epicentro de un polo de empresas digitales.
El partido de Puigdemont exigía el traspaso integral de la competencia de inspección a Catalunya
Junts estaba de acuerdo con ubicar en Barcelona este nuevo servicio de la administración central, pero había reclamado al departamento dirigido por Óscar López la transferencia completa de la competencia de inspección, de forma que fuera el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) la autoridad competente en la materia. Como en la negociación de las competencias de inmigración, Junts reclamaba esta transferencia para que los medios de comunicación que se editan en Catalunya o aquellos de ámbito estatal con presencia en la autonomía pudieran ser supervisados por el CAC.
La negociación entre PSOE y Junts se encontraba estancada antes de la ruptura anunciada el pasado lunes. Ahora, no obstante, Junts se niega a negociar cualquier asunto pendiente con los socialistas. “No aprobaremos nada”, remarcan desde Junts. El Gobierno, por tanto, no tiene los votos necesarios para poder aprobar esta parte del plan de regeneración democrática.
La falta de una mayoría para poder aprobar el plan de regeneración democrática también podría provocar una posible sanción por parte de la Comisión Europea, ya que una parte del proyecto consiste en una transposición de la normativa comunitaria. Es el argumento que ha empleado el ministerio dirigido por Óscar López durante las conversaciones mantenidas en los últimos meses. Sin embargo, el propio reglamento de la UE recoge la posibilidad de nombrar a otras autoridades para ejercer la competencia inspectora sobre los medios de comunicación, de forma que el Gobierno podría designar otro organismo que no fuera la CNMC.
De los presupuestos generales al consejo de Indra
Desde el inicio de la legislatura y hasta la ruptura, PSOE y Junts han mantenido importantes negociaciones en el terreno económico. Una de las más intensas fue la del paquete fiscal que logró aprobar el Gobierno a finales del 2024. Puigdemont hizo decaer el impuesto a las energéticas. Hacienda quería iniciar en próximos días conversaciones con Junts para aprobar la senda de estabilidad y, posteriormente, abordar la compleja negociación de los presupuestos generales. Todo ello queda ahora en el aire. Junts también ha podido proponer nombres para consejos de administración de empresas participadas por el Estado, como Aena, Renfe o RTVE. También propuso a un consejero en Indra, Oriol Pinya, que está elaborando un informe para descartar un conflicto de intereses en la gran operación de la cotizada, la fusión con Escribano.
Junts ha mantenido con el PSOE a lo largo de la legislatura negociaciones reseñables en materia de supervisión económica. De hecho, la formación dirigida por Puigdemont pudo proponer el nombre de Pere Soler, que era el director general de los Mossos d’Esquadra el 1 de octubre del 2017, como consejero de la CNMC. Una vez elegido se incorporó a la sala de Competencia del regulador. Desde entonces ha formado parte de importantes deliberaciones, entre las que se encuentra la de la opa del BBVA sobre el Sabadell que finalmente fracasó. Soler votó a favor del dictamen de la operación de concentración bancaria.
