El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a partir de hoy al Tribunal Supremo. Seis días de un juicio histórico que marcará su futuro personal y el de la institución. Antes de 2026, siete magistrados dictaminarán si el máximo responsable de la Fiscalía filtró información sensible relacionada con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y si se valió para ello del cargo que ostenta para formar parte de una operación para perjudicar a una contrincante del partido que lidera el Gobierno.
García Ortiz defiende su inocencia. Lleva un año y medio negando reiteradamente que él filtrara documento alguno y que lo único que hizo fue defender a la Fiscalía de los ataques sufridos por parte del entorno de la presidenta de Madrid por investigar a su pareja por defraudar a Hacienda 350.000 euros.
El asunto por el que se sentará en el banquillo de los acusados es algo alambicado. En síntesis, en marzo del 2024 se hizo público que la Fiscalía había denunciado por fraude fiscal y falsedad documental a la pareja de Ayuso. Como reacción, el entorno de esta filtró, con la autorización del empresario, un correo electrónico entre el fiscal que le había denunciado y su abogado, donde el primero abría la puerta a llegar a un acuerdo para evitar el juicio si se pagaba una multa y se reconocía los hechos, procedimiento habitual en los asuntos de delitos fiscales. El objeto de esa noticia era hacer creer a la opinión pública que el fiscal general, por orden del Gobierno de Pedro Sánchez, había frenado ese acuerdo para atacar a Díaz Ayuso. A modo de respuesta, varios medios reaccionaron con la publicación de la cadena completa de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado Carlos Neira, donde se podía leer que fue el letrado quien ofreció el pacto.
El jefe del ministerio público se enfrenta a peticiones de pena de seis años de cárcel e inhabilitación
La realidad es que al día siguiente de esas noticias –14 de marzo del 2024–, la Fiscalía emitió un comunicado relatando lo sucedido, en aras de defender el modo de proceder del fiscal. García siempre ha defendido que tras conocer aquella noticia donde se dejaba entrever una posible maniobra política de la Fiscalía contra González Amador, publicada por El Mundo , hizo las llamadas pertinentes para conocer el contenido de los correos, los cuales él desconocía hasta el momento de esa publicación, y acceder a ellos para elaborar una nota de prensa. Siempre se hizo responsable del contenido de ese comunicado. A raíz de esta nota enviada a todos los medios de comunicación, el empresario se querelló contra la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió investigar el caso hasta que vio indicios contra García Ortiz y lo trasladó al Supremo, órgano competente.
El juez encargado, Ángel Hurtado, ordenó registrar su despacho en busca de la prueba de que él fue la persona que filtró a un periodista uno de los correos la noche antes de emitir el comunicado de prensa. Por estos hechos, se enfrenta a seis años de cárcel y a su inhabilitación.
El mensaje enviado por García en aquellas horas alertando de que “nos van a ganar el relato”, es a lo que se ha agarrado el juez instructor para sospechar que en el fondo podría haber existido una operación política. De hecho, en el juicio declara quien en ese momento fue secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien llegó a acudir a un notario –decisión que le costó el puesto– para dejar constancia de que fue una asesora de la Moncloa quien le hizo llegar esa documentación sensible para utilizarla en un pleno madrileño contra Díaz Ayuso. Declarará también esa asesora, Pilar Sánchez Acera, y quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.
Siete magistrados del Alto Tribunal deberán dilucidar si García Ortiz es culpable o no de revelar secretos
García Ortiz no está solo en esto. El Gobierno siempre ha defendido su inocencia. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro, entre otros, de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han respaldado al fiscal general, ya que consideran que lo único que hizo fue defender a la Fiscalía frente a un “delincuente confeso” –como le han llamado a González Amador desde el Ejecutivo– y han apoyado que en todo este año y medio no haya dimitido de su cargo para enfrentarse a la acusación como un ciudadano de a pie.
Los principales protagonistas de la vista
Durante las seis sesiones que va a durar el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pasarán por el Tribunal Supremo (TS) una cuarentena de personas entre testigos y peritos. Cada palabra será esencial para que los magistrados adopten un veredicto. Estos son los principales protagonistas.
Álvaro García Ortiz: Fiscal general del Estado desde el 2022. Desde que el TS decidió iniciar una investigación contra él, ha defendido su inocencia. En su declaración volverá a explicar que él no filtró ningún documento sensible en relación con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Alberto González Amador: Pareja de Isabel Díaz Ayuso es quien ha conseguir sentar en el banquillo de los acusados al fiscal general. Denuncia que García Ortiz filtró datos sensibles sobre su persona. Pide que se le condene a cuatro años de cárcel y al pago entre multa e indemnización de 400.000 euros. Declarará como testigo.
Andrés Martínez Arrieta: Presidente de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo y quien presidirá el juicio. Su primera decisión ha sido no retransmitir la vista en directo. Recientemente elegido para presidir la Sala Segunda, apoyado por el bloque conservador, es el primero en el escalafón judicial. Se jubilará en el 2027.
Miguel Ángel Rodríguez: Jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio será clave porque fue el primero que habló de la existencia de unos correos electrónicos que afectaban a la pareja de su jefa. Lo hizo como una estrategia para salir al paso de unas informaciones sobre el fraude fiscal de González Amador.
Juan Lobato: La testifical del ex secretario general del PSOE de Madrid va dirigida a conocer si el Gobierno central estaba detrás de una operación política para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso. El exsocialista acudió a un notario para dejar constancia que desde la Moncloa se le habían hecho llegar los correos en cuestión, lo que le costó el cargo.
García Ortiz también tiene el apoyo de la representante del ministerio público designada para el caso, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, su número dos, que no le acusará. Además, tiene la defensa de la Abogacía del Estado, que le representa. Los siete magistrados del Supremo tienen la última palabra porque su sentencia ya será firme y, por tanto, definitiva.
