El día de la venganza de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó hoy en forma de declaración de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y su novio, Alberto González Amador, como testigos en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo.
Porque la supuesta víctima de la revelación de secretos presuntamente cometida por el número 1 de la Fiscalía es González Amador, porque se filtró a la prensa un correo electrónico en el que su abogado anunciaba a la Fiscalía que el empresario buscaba un acuerdo de conformidad por el fraude fiscal por el que estaba siendo investigado y en el que admitiría los delitos. Sin embargo, la tesis de estos dos testigos de hoy es que si su situación fiscal acabó en la prensa era para atacar políticamente a la presidenta de Madrid.
González Amador se siente una víctima del fiscal general. “Me ha destrozado la vida. O me voy de España o me suicidio”, así acabó su interrogatorio. La razón, explicó, es que García Ortiz filtró -según afirma categóricamente el empresario- un correo electrónico que sirvió para que todo el mundo, incluido miembros del Gobierno y hasta el presidente, le llamaran “delincuente confeso”.
“A partir de ese día -el 14 de marzo que se publica el correo y una nota de prensa de la Fiscalía- pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general del Estado me ha matado públicamente”, dijo el empresario, idea que mantuvo de manera repetitiva durante su testimonio: “me ha condenado”.
El novio de Ayuso se presentó ante el tribunal como una persona inocente, que ha sido injustamente perseguida por Hacienda, por la Fiscalía y por el Gobierno. Y todo por ser el novio de Díaz Ayuso. Indicó que la Agencia Tributaria le abrió un expediente por unos ejercicios fiscales. Regularizó pero se lo denegaron porque los inspectores vieron posibles delitos fiscales por la cuotas defraudadas y lo pasó a la Fiscalía.
En ese momento buscó un despacho de abogados y explicó que su pareja era la presidenta de Madrid y quería resolverlo “rápido”. “Me dijeron que lo mejor era una conformidad. Lo vi bastante sencillo y lo dejé en sus manos. Me dijeron que Alberto González es un nombre corriente, que Hacienda no filtra datos, que me conformarse y ya está”. Le hablaron inicialmente de una pena de cuatro meses de cárcel y una cuota de 140.000 euros.
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Según su relato no supo nada más hasta que salió en prensa el 12 de marzo del 2024 que había sido denunciado por defraudar a Hacienda 350.000 euros. A partir de ese momento vino el embrollo: al día siguiente, el diario El Mundo publicó un correo electrónico enviado por el fiscal que le investigaba, Julián Salto, a su abogado sobre un posible acuerdo de conformidad. Ese mail respondía a otro enviado por el abogado diez días antes en el que ofrecía un pacto a cambio de un reconocimiento de hechos y pago de una multa. Pero de ese correo en aquella noticia no se hablaba. Como respuesta a esa noticia, salieron otras informaciones con el primer mail para explicar que el acuerdo fue promovido por la defensa. Aquella respuesta también estuvo promovida por una serie de tuits de Miguel Ángel Rodríguez hablando de una maniobra política por la que la Fiscalía había frenado el pacto de conformidad por órdenes de arriba.
El propio juez del Supremo que investigó estos hechos, Ángel Hurtado, dio por hecho que el primer correo publicado por El Mundo fue filtrado por González Amador o su entorno, con su consentimiento. Sin embargo, el empresario lo negó hoy de manera tajante: “jamás he pasado un correo ni un pantallazo a un periodista. Me ampara la razón y la verdad. Solo faltaba”, espetó.
Llegó a decir que el fiscal general le había llamado “delincuente confeso”, a lo que en la sala García Ortiz reaccionó señalándose en el pecho y negando de manera rotunda. La declaración de González Amador y de Rodríguez levantó polvareda dentro de la sala vistas.
González Amador desmintió que él trasladara el mail de su abogado al periodista de El Mundo aunque reconoció que habló con él horas antes de su publicación. Durante su declaración, dijo que nunca había tenido acceso a esa correo aunque a reglón seguido explicó que lo que tuvo fue un pantallazo de ese correo. Aseguró que él no se lo había pasado a ningún periodista pero después sí reconoció que se lo entregó a Miguel Ángel Rodríguez para que hiciese con él “considerarse conveniente”.
González Amador denunció al fiscal general por filtrar en una nota de prensa posterior, enviada el 14 de marzo, relatando el cruce de correos entre el fiscal Salto y el abogado para desmentir ciertas informaciones que iban dirigidas a que el fiscal había retirado el pacto de conformidad por una orden del fiscal general. Esa afirmación se desmentía con el cruce completo de los correos y con la declaración como testigo de Salto, que desmintió categóricamente esa afirmación, y del fiscal Diego Lucas Álvarez, que asumió la causa por fraude fiscal posteriormente, y que sostuvo que después incluso de todas estas publicaciones y cruce de acusaciones se siguió mantenido la opción de una conformidad. Si no se llegó a ejecutar fue porque González Amador debía pagar la cuota y reconocer los hechos y eso no se había producido.
El juez instructor ya dijo que la diferencia entre la primera y la segunda filtración, es que la primera estaba consentida por el afectado. González Amador niega que tuviese algo que ver, aunque sí reconoció que autorizó a Rodríguez pasar el pantallazo del correo a un grupo de periodistas. “Me llega a mí, es mío y hago con él lo que considero”, advirtió.
Su interrogatorio provocó murmullos en la sala, desaprobación por parte de algunos miembros del público y cara de desesperación por parte de algunos miembros del tribunal ante ciertas preguntas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, que repetían una y otra vez qué conocimiento tenía él de los correos filtrados. la estrategia de defensa es que el primero que filtró el correo fue el entorno de González Amador y por tanto no existe revelación posterior.
Los interrogatorios tanto al novio de Díaz Ayuso como a su jefe de gabinete han sido los de mayor tensión, teniendo que intervenir el presidente del tribunal ante los choques entre la teniente fiscal y los abogados del Estado con los testigos.
Miguel Ángel Rodríguez también negó la mayor. Entró en la sala de vistas, pasó por delante del fiscal general, pero no hubo un mínimo cruce de miradas. El jefe de gabinete no defraudó. Dijo que los periodistas eran “agresivos y activistas” e incluso calificó a algunos medios de “izquierdistas”. También negó que él fuera el autor de la filtración del correo al periodista de El Mundo, aunque reconoció que le puso en contacto con González Amador.
Por otro lado, señaló que González Amador le iba contando los avances de su situación fiscal en calidad de “amigo”, aunque el empresario a su vez dijo que le reportaba las novedades “por a afectación que podía tener a su jefa”.
Y después, Rodríguez repitió que todo lo que se publicó sobre el empresario formaba parte de una operación contra Díaz Ayuso. “No hay nadie en España que dude de que todo el aparato de Estado ha estado urdiendo de todo para atacar a una rival política”, subrayó.
Rodríguez quitó importancia a sus tuits de aquellos días. “Si los hubiese dicho en la universidad de Salamanca...”. Es decir, la Fiscalía reaccionó a los tuits del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, en los que acusaba al ministerio público de urdir un plan contra González Amador, varios medios repicaron sus afirmaciones al considerar que aquella era fuente oficial y, sin embargo, el asesor de la presidenta espetó: “Miguel Ángel Rodríguez está por encima del puesto que ocupa”. Las redes sociales son efímeras y los periodistas dieron credibilidad a meras suposiciones y acusaciones de bar de un jefe de gabinete.
