La jueza que lleva el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, ha dado por concluida la fase de instrucción y ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial.
Tras el escrito de la jueza del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, con fecha 4 de noviembre, la Audiencia pacense deberá decidir la fecha del juicio. Ante la decisión de la jueza, una vez que ha recibido los últimos escritos de las defensas, cabe interponer recurso de reposición en un plazo de tres días, según el auto de Beatriz Biedma.
Biedma dictó el pasado mes de abril un auto de procesamiento contra David Sánchez y otras once personas por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y un mes después decidió la apertura del juicio oral contra ellos. La Audiencia Provincial respaldó en septiembre la posición de la jueza.
Entre las personas procesadas, está el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando sucedieron los hechos y que será el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.
El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había “creado para él”, se presentó a la convocatoria “e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.
La jueza considera que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”.
Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y las entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como “objetivo” que fuera ocupado por David Sánchez.
La jueza también procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia. Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de “su amistad íntima” con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.
La acusación popular pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo.