La necesidad de mejorar y reformar la administración pública concita un amplio consenso en Catalunya. Esta semana el Govern ha dado a conocer las 50 medidas que ha propuesto la comisión de expertos para la definición de la transformación de la Administración de la Generalitat con el objetivo, por ejemplo, de liberarla de burocracia y simplificar los trámites. Dos días después, el Parlament ahonda en el derecho a la buena administración y todos los grupos -a excepción del PP y Aliança Catalana, que se han abstenido- han validado una ley del PSC, Esquerra Republicana y Comuns que prohíbe y elimina la obligatoriedad de la cita previa.
La norma presentada por los tres grupos de izquierdas incide también en el derecho al error en el marco de la administración pública. Por un lado, introduce el derecho de las personas a rectificar ante este órgano para evitar sanciones por errores cometidos con buena fe. Por el otro, establece que los trabajadores públicos únicamente serán responsables por acciones u omisiones hechas con culpa o negligencia grave.
Paralelamente, la ley reconoce el derecho de las personas a no ser perjudicadas por errores administrativos. En específico, tiene que ver con las prestaciones para necesidades básicas. Otro eje de la norma, con la que se pretende que la administración sea más “efectiva, humana y cercana” con la ciudadanía, es que añade la obligación de que el lenguaje administrativo sea “claro”.
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Socialistas, republicanos y ecosocialistas han defendido la necesidad de esta norma porque supone “un nuevo camino y una nueva era en la administración”, en la línea de la “empatía institucional”. Jordi Albert, portavoz adjunto de ERC en el Parlament, ha subrayado que se dota de “mayor garantía jurídica el derecho al error” y ha hecho hincapié en la importancia del uso de un lenguaje “inteligible y que forme parte del léxico común”. También ha afirmado que, con el impulso de la ley, pretenden que la administración sea “proactiva y se acerque a la ciudadanía”.
Para Lluís Mijoler (Comuns), con este paso se pasa “de la sospecha a la confianza entre ciudadanía y administración” y supone un “escudo contra el descrédito institucional y una forma de hacer democracia”.
Por su parte, Junts había presentado 21 enmiendas al articulado, de las que se han aprobado cuatro. Su parlamentario Isaac Padrós ha compartido la necesidad de hacer “más próxima, digna y en la que impere el sentido común” la administración, pero ha lamentado que el PSC, ERC y Comuns hayan rechazado una enmienda en la que los posconvergentes planteaban que las notificaciones administrativas incluyeran un resumen ejecutivo “coloquial y entendedor”. “No podemos tener un modelo en el que haya que recurrir a un experto para entender los trámites”, ha añadido.
Àngels Esteller, del PP, ha justificado la abstención de su grupo en el hecho de que esta ley “no debía tramitarse por lectura única” porque muchos de los “derechos y responsabilidades” que contempla “requieren un trabajo más profundo”. En cuanto al derecho a la claridad en el lenguaje, ha criticado que no se haya aceptado una enmienda de los populares que ponía como requisito que todas las comunicaciones de la administración estén disponibles en lengua catalana y castellana, simultáneamente.
Aliança Catalana, que tampoco ha votado a favor de la medida, ha señalado que “se pretende la exención de toda responsabilidad de la administración y no debería tener derecho a desentenderse de sus propios errores”. Sílvia Orriols también ha manifestado que no comparten la “condonación” de ayudas públicas.