La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pasado este martes un nuevo escollo en la acusación contra él por un presunto delito de revelación de secretos por el que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo. Se le acusa de filtrar un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. En la causa no existe la prueba directa de que fuera él quien diese ese correo a algún periodista, sin embargo, la acusación se ha formado con indicios. Uno de estos es que García Ortiz borró el contenido de su teléfono móvil y de los correos electrónicos referentes a este asunto el mismo día en que el Supremo acordó abrir una causa penal contra él.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega hoy al Tribunal Supremo (TS) para sentarse en el banquillo de los acusados
De ahí que la defensa debe desmontar la tesis recogida por el instructor Ángel Hurtado, de que ese borrado es un indicio de su implicación en la filtración. En la sesión de hoy, el fiscal del Supremo, delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, ha dado un espaldarazo a García Ortiz, explicando que cada fiscal es el responsable último de llevar a cabo el borrado de su teléfono si teme que su contenido puede sufrir algún tipo de brecha de seguridad.
Hidalgo ha indicado que si un usuario tiene dudas de que el contenido de sus dispositivos pueden estar en riesgo “tiene la facultad de destruirlo”. “Es muy superior el valor material de los datos que un dispositivo en desuso, que va a ser destruido”, añade ante el argumento de que al fiscal general se le iba a cambiar de dispositivo en las fechas próximas a su imputación.
Por tanto, en la semana del 16 de octubre del 2024, al fiscal general le iban a cambiar el dispositivo móvil, por lo que estaba en sus plenas facultades para borrar todo lo que había dentro, y además dado el revuelo que había entorno al asunto podía existir una brecha de seguridad.
“Si el borrado es autorizado por el usuario no existe una violación de la seguridad. En este caso fue una decisión del responsable del teléfono, consciente y autorizada”, ha subrayado Hidalgo en su declaración como testigo.
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Durante su declaración, algo tensa durante las preguntas del abogado de González Amador, Hidalgo ha recalcado que él fue nombrado fiscal delegado de protección de datos por Julián Sánchez Melgar, fiscal general durante la última etapa del gobierno de Mariano Rajoy. Ha relatado que fue designando para eliminar el “síndrome de diógenes” de los fiscales, que guardan todos sus informes. Su labor es elaborar protocolos y guías para que vayan borrando toda esa información, porque mantenerla va contra el principio conservador y contra la seguridad.
Hildago debía responder a tres cuestiones: una, el borrado del teléfono del fiscal general; la segunda, el uso de un correo particular para recibir y enviar documentos de Fiscalía, y la tercera, si la nota de prensa que autorizó García Ortiz detallando las conversaciones, vía email, mantenidas entre el fiscal que investigaba a González Amador y su abogado ofreciendo un pacto de conformidad, vulneró la confidencialidad.
Respecto del uso de un correo personal, por el que la noche del 13 de marzo recibió los correos -reclamados al fiscal del caso Julián Salto- entre este último y el letrado Carlos Neira -para saber la secuencia de quién había ofrecido tal acuerdo de conformidad-, Hidalgo ha defendido que no existe ninguna prohibición al respecto. “La recomendación es no hacerlo pero no se prohíbe. Si alguien, por ejemplo, tiene que hacer una comunicación y la cuenta corporativa no funciona, usará el personal”, ha insistido.
El fiscal delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, llegando al Tribunal Supremo (TS)
De hecho, ha alegado que los fiscales utilizan la aplicación de mensajería Whatsapp, que es privada, y no por ello están actuando incorrectamente. “Se recomienda pero no se descarta el uso de otras aplicaciones, que incluso pueden tener más seguridad”, ha apuntado.
“Nunca una nota autorizada por la Fiscalía general va a suponer una brecha de seguridad”
Respecto del tercer punto, este fiscal del Supremo ha subrayado que, a su juicio, la nota de prensa que se publicó el 14 de marzo no supuso ninguna violación de seguridad. “Nunca una nota autorizada por la Fiscalía general va a suponer una brecha de seguridad”, ha añadido.
Hidalgo ha relatado que lo que pudo observar del contenido de la nota estaba dentro del marco de actuación. Y si hubiese hubiese supuesto una violación de datos de González Amador, éste se tendría que haber puesto en contacto con él, algo que nunca ocurrió.
Los apoyos del fiscal general respiraron un poco más tranquilos después de escuchar el interrogatorio de Hidalgo y el de los periodistas de la cadena Ser y El País, que confirmaron tener conocimiento de los correos filtrados antes de que llegaron a manos del fiscal general.
El periodista de la Ser, Miguel Ángel Campos, aseguró que él vio el correo en cuestión, de fecha de 2 de febrero, al mediodía del día 13, varias horas antes de que incluso García Ortiz supiera de su existencia, según ha defendido tanto en fase de instrucción como en todos los escritos presentados por la Abogacía del Estado. Este es el único periodista que ha reconocido un contacto directo con este correo antes de la noche del día 13.
Campos ha explicado que su fuente le citó en un despacho dela planta tres de un edificio, le dejó tomar nota, aunque no le dio copia. Sin embargo, poco más tarde le escribió a pedirle que no publicara nada por el temor de que se difundieran datos personales. No fue hasta después de que aquella noche El Mundo publicase una información incorrecta -en la que se aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso, cuando en realidad fue al revés- cuando consiguió publicar el correo en cuestión, que la desmentiría.
En el auto de procesamiento, Hurtado considera clave que Campos publicase la información poco después de que el fiscal general recibiese el correo y que el periodista tuviese una llamada de cuatro segundos con García Ortiz poco antes de la publicación.
El fiscal general no es mi fuente”
Lo ha explicado: “el fiscal general no es mi fuente. Le llamé cuando intentaba confirmar por otra fuente la información. Pero no me cogió”, ha espetado. Esos cuatro segundos son porque saltó el buzón de voz. “¿La fuente es el fiscal general?”, le ha preguntado uno de los dos fiscales que llevan el juicio. “No”, ha aclarado el periodista.
El segundo ha sido José Manuel Romero, antiguo responsable de El País. En su declaración ha sido más tajante. Ha reconocido mantener una relación profesional con García Ortiz. “No solo mantengo el contacto con el fiscal general del Estado sino también con magistrados del Tribunal Supremo”, ha espetado mirando al tribunal de siete magistrados.
Romero ha relatado cómo él sabía, por una fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, el 12 de marzo -día que elDiario.es da la exclusiva de que el novio de Ayuso ha sido denunciado por fraude fiscal- que González Amador había ofrecido un acuerdo de conformidad. Su fuente se lo dijo “en legítima defensa” para negar que aquella denuncia fuese una cacería para dañar a Ayuso y que la prueba era que el abogado había pedido una conformidad. Esta fuente le da el nombre del abogado: Carlos Neira.
“Campaña de mentiras”
Según todas las declaraciones que han ido apareciendo en la causa, García Ortiz desconoce la existencia de ese ofrecimiento hasta el 13 por la noche, cuando El Mundo publica todo lo contrario, que la Fiscalía había realizado un acuerdo. Y ante esa noticia, reclama una dación de cuentas a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para saber qué había pasado en ese asunto.
Romero ha subrayado que es a raíz de la “campaña de mentiras” con las afirmaciones de Díaz Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, acusando a funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía de Madrid por la denuncia por fraude fiscal a su novio, que deciden indagar qué esta pasando.
Este periodista ha aclarado que cuando ya había arrancado la investigación al fiscal general, decidieron publicar el contenido de las comunicaciones que habían tenido entre el equipo que preparó las noticias aquellos días para demostrar que ellos lo sabían ya desde el 12 de marzo y así “hacer un favor a la investigación”. Después, fueron a un notario para dejar constancia de los mensajes en cuestión.
”No tenga ninguna duda que nosotros ya lo sabíamos” antes de que llegara al fiscal general, ha concluido a preguntas de la Fiscalía.
Durante la sesión vespertina, tres periodistas de El País han ratificado la versión de Romero, superior de todos ellos en la redacción durante aquel momento, situando a la fuente fuera de la Fiscalía General del Estado. Todos ellos han relatado cómo durante el día 13 de marzo de 2024 estaban tratando de confirmar que el novio de Ayuso pretendía llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que implicaba reconocer los delitos fiscales.
Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha recordado durante su declaración como testigo su “honda preocupación” tras ver la “insólita” nota de prensa publicada por la Fiscalía General del Estado, que el propio García Ortiz asumió. Ribón ha criticado que aquel comunicado con el “contenido literal” de los correos electrónicos rompía cualquier principio de “confidencialidad” por los que se deben de regir estos procesos.
