El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia. Después de seis sesiones, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, ha anunciado el final del juicio. A partir de ahora los siete magistrados se encerrarán para dictar una absolución o condena.
Álvaro García Ortiz ha acabado “reventado” de dos semanas de máxima tensión dentro y fuera del juicio. A partir de mañana volverá a su despacho de la calle Fortuny para seguir ejerciendo de fiscal general del Estado.
Durante estas dos semanas que ha durado el juicio contra él por revelación de secretos, no ha estado solo. Todos los días, los bancos del público se han llenado con miembros de la Fiscalía, abogados y otras personas que han acudido a apoyarle, convencidos de su inocencia.
Una vez que el presidente del tribunal, anunció el final del juicio, la tensión se esfumó. Los abogados se acercaron a los miembros del tribunal para darles la mano, al igual que entre fiscales y abogados del Estado. Entre ellos se dieron la enhorabuena por el trabajo realizado.
Incluso el abogado del Estado que defendió el informe final, José Ignacio Ocio, se acercó al abogado acusador, Gabriel Rodríguez Ramos, para darle un abrazo. Una vez finalizado el juicio, todos vuelven a ser abogados.
“No hay absolutamente ninguna prueba contra el fiscal general”
Ahora el trabajo queda en manos del Tribunal Supremo, que en las próximas semanas deberá decidir si declara a Álvaro García Ortiz culpable o inocente. En sus manos queda el futuro del número 1 de la Fiscalía. Si es condenado, habrá acabado su carrera de fiscal. Quedará inhabilitado para ejercer. Además, podría acabar pagando una cuantiosa multa -Alberto González Amador le reclama 400.000 euros- e incluso podría llegar a enfrentarse en el caso más extremo a una pena de cárcel.
García Ortiz no quiso utilizar su derecho a la última palabra. Su abogado acababa de reclamar su inocencia. “No hay absolutamente ninguna prueba contra el fiscal general porque no puede haberla”, espetó.
Durante la sesión de hoy, cada uno de los abogados, fiscal y defensa expusieron las razones para pedir una condena o una absolución, dependiendo de la postura de cada uno. Las acusaciones mantuvieron la petición de penas de hasta 4 años de cárcel, la indemnización y la multa. Después de una cuarentena de testigos, ninguno cambió de postura.
La acusación estuvo liderada por el abogado de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Gabriel Rodríguez Ramos cree que el fiscal general es el responsable de la filtración de un correo enviado por el anterior abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el que ofrecía un pacto de conformidad para evitar un juicio por fraude fiscal.
Lee también
El letrado sostiene que hay una veintena de indicios que apuntan al fiscal general. Su postura es que esta filtración formó parte de un plan político contra Díaz Ayuso. Considera que además formó parte de una “unidad de acción” con la nota de prensa publicada por Fiscalía posteriormente.
Esto significa que a su criterio, García Ortiz filtró el correo el 13 de marzo del pasado año para luego publicar una nota de prensa al día siguiente explicando cómo González Amador había ofrecido un pacto reconociendo dos delitos fiscales. Al existir una filtración previa, en la nota oficial no se cometía un delito de revelación de secretos porque éste desaparece una vez que el secreto ya ha sido revelado.
El abogado de González Amador pide “especial cautela” con los periodistas
Una nota y una filtración que, a su juicio, “arrasó” la presunción de inocencia de González Amador, quien está pendiente de ser enjuiciado por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental por un fraude a Hacienda de 350.000 euros.
La defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el juicio al fiscal general del Estado
Y por último, acusa a los periodistas que han declarado en el juicio que el fiscal general no fue su fuente. Les acusó de “connivencia” con una autoridad y de moverse por “interés económico, profesional o de negocios”. Por eso, pidió al tribunal que tomara su declaración como “especial cautela”.
Después de desfilar el resto de acusaciones, y la teniente fiscal, que defendió la absolución de su jefe, llegó el turno del abogado del Estado. Tres ideas básicas de su informe definitivo: el registro en el despacho del fiscal general fue nulo porque la Guardia Civil se llevó una copia de la “totalidad” del contenido de su teléfono y correo cuando el juez había delimitado la intervención a un intervalo temporal de entre el 8 de marzo al 30 de octubre. La segunda idea es que seis periodistas han declarado que García Ortiz no fue la fuente que les hizo llegar el contenido del correo. Rechaza la falta de credibilidad sostenida por la acusación y sostiene que no alcanza a entender cómo periodistas va a ver empañada su “reputación” mintiendo.
Y su tercera idea es que mucha gente accedió al correo filtrado. Ese mail lo remitió el abogado a un correo genérico de la Fiscalía. Además, cuando empezaron a salir las primeras noticias sobre la existencia de unos correos en los que se hablaba de una conformidad, el fiscal general reclamó esos correos. Y ahí es donde el abogado ha sido directo. Esos correos le llegaron vía fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Esta última, lo recibió cinco minutos antes que él. ¿Por qué no pudo ser ella?, sospecha lanzada veladamente por el letrado.
El abogado de García Ortiz apunta al filtrador real: La Fiscalía de la Comunidad Madrid
”No voy a ser tan benigno como el fiscal general”, espetó el abogado del Estado sobre Lastra. Sostiene que las acusaciones de ésta sobre que sospechó que García Ortiz había filtrado los correos o la nota de prensa se debe a una “mala relación” entre ambos.
Fue más allá. Según mantuvo, el fiscal general no filtró ese correo porque esa filtración vino de “una fuente más que solvente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid; lo hemos dicho pero no se nos ha hecho caso”.
El abogado del Estado sólo pide al tribunal que todo el “debate mediático adverso” a la presunción de inocencia no afecta a su objetividad e independencia a la hora de dictar sentencia.
