Cincuenta años después de la muerte de Franco, la memoria de la Guerra Civil y la dictadura atraviesa un periodo de turbulencias. La legislación memorialista de los últimos gobiernos socialistas, bajo presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (en el 2007) y de Pedro Sánchez (en el 2022), se está viendo cuestionada desde la derecha sin que Alberto Núñez Feijóo haya llegado siquiera a la Moncloa. El frente del PP se libra desde seis comunidades autónomas, de la mano de Vox.
En Aragón, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares, los gobiernos del PP han aceptado la agenda negacionista de la extrema derecha, a cambio de su apoyo, para derogar las leyes autonómicas de memoria y aprobar en su lugar las llamadas leyes de concordia, en las que se blanquea la dictadura y se pretende poner en riesgo algunas políticas.
De momento es un movimiento más declarativo que práctico, al que el Gobierno central resta trascendencia. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez, constata que aunque estas comunidades deroguen sus normas la legislación estatal rige “hasta en el último rincón de España y se está aplicando”, ya sea en materia de exhumaciones, de lugares de memoria o de cualquier otra partida.
Ayudas en función de los proyectos
Andalucía (600.000 euros) y Catalunya (400.000) son las que más fondos han recibido este año para exhumaciones
Martínez recuerda, además, que en la reunión de junio del Consejo Territorial de Memoria Democrática, donde se distribuyeron tres millones de euros entre las comunidades autónomas para la exhumación, identificación y reparación de las víctimas, ninguna autonomía votó en contra. Hubo 14 votos a favor y solo se abstuvieron Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana. Andalucía, con más de 600.000 euros, y Catalunya, con casi 400.000, son las que más fondos recibieron, en función de los proyectos. Castilla y León y Extremadura recibieron cada una casi 200.000 euros y la Comunitat Valenciana, casi 300.000, por citar tres de las que han derogado sus leyes autonómicas.
Es la prueba de que un asunto delicado para la derecha como la memoria democrática se politiza, en puertas del nuevo ciclo electoral y con la competencia PP-Vox.
De hecho, en Castilla y León fue un gobierno del PP el que aprobó un decreto memorialista, al amparo de la ley de Memoria Histórica de 2007, que abrió la puerta a que varias comunidades sacaran adelante su legislación. En Baleares la impulsó un gobierno de izquierdas, pero contó con el apoyo de los populares, que valoraron que “los muertos son de todos”.
En Andalucía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, la ley autonómica sigue vigente, aunque se aplique con menos entusiasmo que en comunidades como Catalunya, País Vasco o Navarra, que siempre han estado a la vanguardia en esta materia. Francisco Martínez subraya que cuando gobernó Mariano Rajoy no derogó la ley de Zapatero, “pero la dejó en presupuesto cero y estas tres comunidades siguieron interviniendo directamente”. Algo más tarde se incorporó a este grupo de las más activas Andalucía, en los años de gobierno socialista.
Política de Estado
El Gobierno central garantiza que la ley de Memoria se aplique en toda España, quieran o no algunas comunidades
Andalucía es una de las comunidades donde más víctimas hubo en la guerra y la dictadura y donde se localizan algunas de las fosas más grandes: en una de las exhumadas en Sevilla había más de mil personas, detalla el forense Francisco Etxeberria. La Junta de Andalucía está colaborando. “La derecha entiende que si hay unas víctimas clandestinas enterradas en un lugar tan irregular como una cuneta o el monte hay que recuperarlas, pero están en contra de hacer un reconocimiento oficial o una tarea en el ámbito escolar, y eso es un problema”, señala.
En la ley estatal de Memoria Democrática el Gobierno central tiene la responsabilidad de la búsqueda, localización y exhumación de los cuerpos de las víctimas. Se asume como política de Estado la demanda de los ciudadanos que desconocen el paradero de sus familiares desaparecidos –la mayoría están en fosas comunes– para que puedan darles una sepultura digna. A la vez, se prevé crear un banco estatal de ADN para facilitar las identificaciones. Y, entre otras medidas, se declara el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos, la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus condenas.
Doble represión
La mayoría de los que siguen en las fosas clandestinas son republicanos; Franco ya se ocupó de dignificar a sus muertos
La ley promueve además recuperar y difundir la memoria democrática y pone el acento en la retirada de los símbolos franquistas. Por primera vez se condena de manera expresa el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura.
Los muertos son de todos, pero la mayoría de las víctimas que siguen en las fosas clandestinas pertenecen al lado republicano. A la espera de que se ultime el censo oficial, las víctimas de la represión política se estiman en torno a 150.000 entre los republicanos y unos 50.000 del bando franquista.
Los asesinados eran más entre los republicanos, pero además los ganadores de la guerra cuidaron de sus muertos. La mayoría fueron recuperados de fosas comunes para trasladarlos a los cementerios y se hizo una señalización. “A pesar de una España destruida y hambrienta, Franco no dudó en hacerlo y tampoco en diseñar el Valle de Cuelgamuros y llevarse ahí más de 33.000 cuerpos recuperados de todos los lugares”, señala el forense Etxeberria. De estos, 12.000 ingresaron sin identidad, entre ellos republicanos que fueron exhumados de sus fosas sin siquiera avisar a las familias.
“La memoria es uno de los principales antídotos frente a la ola reaccionaria actual”, dice Francisco Martínez, quien subraya el deber de reparación con las víctimas. El Gobierno tiene las competencias para hacerlo, para designar lugares de memoria, aunque una comunidad no quiera, o hacer exhumaciones. Con la ley en la mano.
