A la espera de conocer al detalle la sentencia completa del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno ha advertido que “respeta el fallo, pero no lo comparte”.
Fuentes del Ejecutivo han anunciado, en todo caso, que “en los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho”.
El Ejecutivo reconoce la labor de García Ortiz “en defensa de la ley y la verdad” como fiscal general del Estado
“El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la fiscalía general del Estado”, ha zanjado la Moncloa en un comunicado.
En el Gobierno siempre defendieron que “no hay caso”, desde el mismo momento en que se abrió la causa judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos sobre el supuesto fraude fiscal de González Amador, el novio de Ayuso. El propio Pedro Sánchez ha defendido siempre la “inocencia” del fiscal general, incluso con el juicio oral en su contra ya en curso.
En la Moncloa ya habían advertido que ni durante la instrucción judicial ni aún menos durante el juicio en el Tribunal Supremo se acreditó ninguna prueba de cargo contra García Ortiz. Muchos, no obstante, ya se temían una sentencia condenatoria, pese a que finalmente este jueves ha caído como un jarro de agua fría sobre el Gobierno.
La primera reacción del Ejecutivo la ha emitido, inmediatamente después de conocerse la condena del Tribunal Supremo, el ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, próximo rival electoral de Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid y que fue el anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa.
López, a la salida del foro de Metafuturo en el que ha participado este jueves en Madrid, ha alegado que aún no conocía la sentencia que acababa de emitir el Tribunal Supremo con la condena al fiscal general, con su inhabilitación para el cargo durante dos años y una multa de 7.200 euros, además de tener que pagar las costas de la defensa de González Amador, e indemnizarle con otros 10.000 euros por daños morales. “Cuando lo lea lo valoraré”, ha advertido.
Pero, ante la sentencia condenatoria, el ministro Óscar López ha sido explícito: “Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente”.
