El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el 'caso Koldo' ha convocado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García el 27 de noviembre a comparecencia para resolver sobre modificación medidas cautelares solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones.
Se trata de la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para endurecer las medidas impuestas, y que podría alcanzar incluso el ingreso en prisión. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa.
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Tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares, lideradas por el PP, solicitaron esta comparecencia en sus escritos de acusación, una vez que se ha concluido la instrucción de la primera parte del caso Koldo, que se refiere a los contratos concedidos desde empresas vinculadas a Transportes a favor del empresario Víctor de Aldama a cambio de comisiones ilegales para Ábalos y su mano derecha.
Una vez presentados los escritos de acusación, Puente podrá dictar el auto de apertura de juicio oral. Por eso, ante la inminencia del juicio las acusaciones creen que aumenta considerable el riesgo de fuga por lo que pedirán a Puente que ordene su ingreso en prisión, como de hecho ya han hecho en anteriores ocasiones tras sus declaraciones judiciales.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para su exasesor pide 19 años y medio de cárcel por los mismo delitos aunque rebaja alguna de las penas al ser su cargo de menor responsabilidad. Las acusaciones populares aumentan la petición hasta 30 años de cárcel para cada uno.
El tercer acusado, Víctor de Aldama, el empresario que reconoció el pago de comisiones ilegales al exministro y su hombre de confianza, es el más beneficiado, con una pena de siete años de cárcel. Por el delito de uso de información privilegiada, el fiscal pide que se condene a cada uno de ellos al pago de una multa de 3,7 millones de euros.
