El hasta ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó ayer su renuncia al cargo, cuatro días después de la condena de inhabilitación que dictó el pasado jueves el Tribunal Supremo. Y el Gobierno, que sigue defendiendo su absoluta inocencia del delito de revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le despidió con encendidos elogios.
Pero, al tiempo, empezó a preparar ya el nombramiento de la persona que relevará a García Ortiz. La propuesta del nuevo fiscal general del Estado se podría elevar hoy mismo a la reunión ordinaria que celebrará el Consejo de Ministros, si bien en la Moncloa primaba ayer la prudencia y una absoluta discreción: “No está decidido”, alegaron, pendientes del regreso de Pedro Sánchez.
Sánchez aparca la “toma de decisiones” hasta hoy martes en que presidirá el Consejo de Ministros
“Hasta que el presidente del Gobierno vuelva de la cumbre internacional no se van a tomar decisiones sobre el fiscal general”, zanjaron en la Moncloa, para tratar de contener la expectación política y mediática que existe al respecto. No en vano, el perfil del nuevo fiscal general que proponga el Ejecutivo –que finalmente habrá de nombrar el Rey, tras el informe preceptivo, pero no vinculante, que sobre su idoneidad emita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– dará cuenta de la determinación de Sánchez para mantener las espadas en alto con el Tribunal Supremo.
En el Gobierno la indignación es máxima, y aunque asuman que por ahora han perdido la batalla por García Ortiz –con una “condena injusta” de la que discrepan abiertamente, de la que aún no se conoce la sentencia, pero que ya confían en que revocará el Tribunal Constitucional–, dan por hecho que la guerra contra la “derecha política y judicial” no ha concluido aún. Todo lo contrario.
Pedro Sánchez asistió anoche en Luanda a la cena ofrecida por el presidente de Angola, João Lourenço, con la que se clausuraron los actos de la cumbre Unión Africana-Unión Europea. Pero a primera hora de este martes está previsto que regrese a la Moncloa, donde presidirá la reunión del Consejo de Ministros en la que ya podría poner sobre la mesa su propuesta para sustituir a García Ortiz.
El hasta ahora fiscal general del Estado adelantó ayer su decisión de renunciar al cargo –en una carta remitida al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños– sin esperar siquiera a conocer las motivaciones jurídicas de la sentencia del Tribunal Supremo, por un “profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad –siempre presente en mi mandato– de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales”.
“Es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”, justificó García Ortiz, al solicitar, a petición propia, que el Consejo de Ministros acepte el cese de su mandato. “En mi haber tengo el convencimiento –destacó en su misiva– de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.
Respetos, exigencias y movilizaciones
A su llegada ayer a la séptima cumbre Unión Europea-Unión Africana, que se celebró en Luanda (Angola), Pedro Sánchez no quiso revelar aún quién será el nuevo número uno del ministerio público, cuyo nombramiento podría llevarse hoy mismo al Consejo de Ministros. Sánchez aseguró que pudo leer, a través de los medios de comunicación, la misiva que el hasta ahora fiscal general remitió al ministro de Justicia, presentando su dimisión. “Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General del Estado durante este tiempo”, resaltó. “Le deseo toda la suerte, todo mi respeto y mi consideración”, manifestó y se limitó a señalar que el nombre que proponga para su relevo se conocerá “en un breve espacio de tiempo”, informa Joaquín Vera. Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya le reclamó “unos requisitos mínimos de solvencia e independencia”, y exigió que cuente con “el aval” del Consejo General del Poder Judicial, pese a que su informe no es vinculante. Más contundente, la madrileña Isabel Díaz Ayuso denunció las “actitudes dictatoriales” de Sánchez, y criticó que “todo aquel que ose ser un contrapoder o un contrapeso propio de una democracia será perseguido y acuchillado”. En cambio, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lamentó la dimisión del fiscal general –“un hombre bueno”– y llamó a la acción: “Ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia”.
