La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite y en consecuencia ha archivado una querella por un delito de calumnias con publicidad presentada por Isabel Díaz Ayuso, contra la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por unas declaraciones de esta última en las que dijo que la presidenta de la Comunidad de Madrid “debería estar en la cárcel” por su “gestión homicida” de la pandemia de la covid.
En un auto del que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, el Alto Tribunal no aprecia delito en las manifestaciones de la dirigente morada que considera que están amparadas en la libertad de expresión.
La Sala indica que “las declaraciones que son objeto de querella constituyen una crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político de quien las hizo, para, desde su discurso disidente, censurar la gestión de un Gobierno Autonómico presidido por la querellante”. “Una circunstancia –añade la resolución-- que excluye la tipicidad de los hechos que la querella sustenta pues, más allá del alcance específico de la propia inviolabilidad parlamentaria, también la doctrina del Tribunal Constitucional ha proclamado que, como consecuencia de los principios de libertad, tolerancia y pluralismo político, la libertad de expresión no solo ampara la crítica ordinaria, sino también la severa o exacerbada, particularmente en supuestos en los que se suscita e introduce en el debate político de una sociedad democrática”.
En marzo de este año, cuando se cumplían los cinco años de la pandemia, la secretaria general de Unidas Podemos desde el Congreso de los Diputados que Ayuso debería estar “en la cárcel” por la “gestión homicida” que realizó esta región de la pandemia.
Poco después, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García explicó que, ante estas declaraciones, “en las que se imputa un delito al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se insinúa que se realizaron malas prácticas de manera intencionada durante la covid”, los servicios jurídicos ya están trabajando en las acciones legales oportunas que se presentarán ante el órgano judicial correspondiente. Y añadió que “no pueden quedar impunes declaraciones como estas, que intentan retorcer el dolor de las víctimas y de sus familias”.
En aquellos días la tensión entre populares y la izquierda había escalado por los fallecidos en las residencias cinco años antes. La Comunidad de Madrid afirmó que “el número real de fallecidos en residencias fue de 4.100” y no de 7.291, cifra que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dijo que “fue un invento del entonces consejero” de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos.
Con ello, la Comunidad se anticipaba a la emisión en RTVE del documental 7.291, dedicado a lo ocurrido en las residencias madrileñas, y cuya retransmisión habían criticado desde el PP por considerarlo “de parte” y basado en “una falsedad”.
El Gobierno de Ayuso también se querelló en junio contra la portavoz del grupo municipal socialista, Reyes Maroto, por unas declaraciones parecidas aquellos días en que la también ex ministra dijo en pleno baile de cifras que “fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas”. En este caso la querella se admitió y Maroto tuvo que declarar este mes ante el juzgado de instrucción número 13 de Madrid para retractarse. “No quise acusar a nadie de asesinato”, dijo la política tras ser citada por un supuesto delito de calumnias.
