El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)ha apaciguado la tensión creada en torno a la fiscalía general del Estado avalando la idoneidad de Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno para que sustituya a Álvaro García Ortiz tras su condena. Como jurista de reconocido prestigio y más de 15 años de ejercicio profesional, ha tenido el voto favorable de todos los vocales de forma unánime.
La fiscal de la sala de violencia contra la mujer Teresa Peramato
Fuentes del órgano reconocen que aunque se trata de una fiscal continuista por ser próxima a los dos últimos fiscales generales, todos ellos vinculados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), su trayectoria profesional no deja duda de que es idónea para estar al frente de la Fiscalía General del Estado.
Ni Álvaro García ni Dolores Delgado tuvieron este apoyo unánime del Consejo. En el caso de Delgado, nombrada en el 2020, siete vocales se opusieron a darle el informe de idoneidad al considerar su nombramiento un ataque a la independencia de la Fiscalía puesto que venía de ser ministra de Justicia y por tanto vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez.
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Dos años después Delgado acabó dimitiendo por motivos personales, aunque durante esos dos años se la estuvo relacionando de alguna u otra manera con el excomisario José Manuel Villarejo. Tras su dimisión, el Ejecutivo optó por la vía continuista con el número 2 de Delgado, Álvaro García Ortiz. Éste ocupó el cargo hasta 2023 que hubo elecciones y después tras el nuevo gobierno de Sánchez fue nuevamente propuesto.
En aquella ocasión, la mayoría del CGPJ votó en contra de su idoneidad después de que el Tribunal Supremo hubiese dictaminado que había ejercido una desviación de poder al ascender a Delgado a fiscal de Sala del alto tribunal cuando abandonó su cargo en la Fiscalía General.
Con Peramato hay viento de cambio. Cuando este martes se conoció que sería ella, fiscal de Sala del Supremo y experta en Violencia de Género, quien sustituirá a García Ortiz, no hubo una férrea oposición en ningún sector.
Las asociaciones de fiscales conservadoras y más beligerantes con su antecesor, recibieron el nombre con prudencia y valoraron su trayectoria profesional. Lo que se espera de ella es que pueda restituir la imagen de la Fiscalía general, dañada tras la condena por revelación de documentos a García por filtrar datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El informe del CGPJ debe ser remitido ahora al Gobierno, que le dará entrada en el próximo Consejo de Ministros. La semana que viene el Congreso de los Diputados convocará la comisión de Justicia donde acudirá la propia Peramato. Fuentes parlamentarias calculan que el nombramiento será definitivo en el Consejo de Ministros del día 9 de diciembre.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato es fiscal desde 1990. Desde el 2005 es fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer, hasta que en el 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. En el 2021 ascendió a fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en enero de este año fue nombrada fiscal jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo.
Con el aterrizaje de Peramato, García Ortiz saldrá definitivamente de la sede de la calle Fortuny. Aunque presentó el lunes su dimisión se quedará en funciones hasta que Peramato tome posesión. El todavía fiscal general ha sido condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer tal cargo, además del pago de una multa a Alberto González Amador.
En su carta de renuncia, García Ortiz explicaba que adelanta su renuncia, pese a no conocer la motivación de la sentencia y antes de que la inhabilitación sea ejecutada, por su “profundo respeto a las resoluciones judiciales y a la voluntad -siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales”.
Y es que el alto tribunal solo dio a conocer el fallo y todavía está pendiente de que se conozca el contenido de la resolución y los motivos por los que ha sido condenado. “Es -añade el fiscal- un acto debido no solo al ministerio fiscal, si no a toda la ciudadanía española.
