La carrera fiscal está desencajada con sentimientos encontrados. Unos ven en la condena a Álvaro García Ortiz una especie de venganza del Tribunal Supremo por el corte progresista del hasta ahora fiscal general del Estado. Mientras, otros ven que desde que en el 2020 el Ejecutivo de Pedro Sánchez nombró como número uno de la Fiscalía a Dolores Delgado -entonces ministra de Justicia- la imagen de imparcialidad e independencia del ministerio público ha caído en picado. La inhabilitación de su máximo representantes por revelar documentos ha sido la gota que ha colmado el vaso.
El Ejecutivo ha iniciado un relevo exprés. En esta ocasión ha elegido a una fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Aunque lleva sólo desde enero ocupando esta categoría, tiene una reconocida trayectoria sobre un área específica como la violencia de género. Es cierto que se la vinculada con Delgado y García pero no hay una crítica abierta a su elección.
En el caso de los dos últimos nombramientos, el enfrentamiento entre las asociaciones de fiscales se ha ido recrudeciendo. Tanto la conservadora Asociación de Fiscales como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha hecho frente a los nombramientos de García y Delgado e incluso esta última se personó como acusación popular en la causa que ha acabado con la condena de García.
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A pesar de esta tensión, el nombramiento de Peramato no se ha recibido con un “no” rotundo. Las más beligerante con los dos anteriores, actúan con prudencia y valoran la trayectoria profesional de la candidata.
Para la Asociación de Fiscales, la nueva jefa de la Fiscalía será la encargada de recuperar la “reputación” de la institución “cuya independencia se ha visto menoscabada durante los últimos tiempos”. La presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, reconoció que Peramato es una profesional de reconocido prestigio con décadas de experiencia y una trayectoria “relevante” como fiscal especialista en violencia de género.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que Teresa Peramato llegó a presidir, defendió su “sentido institucional” aunque reconoce la ardua labor a la que va a tener que enfrentarse ante el momento “delicado” en el que se encuentra la carrera fiscal en su conjunto.
Los máximos defensores de Peramato hacen gala de su apoyo a la ley del sí es sí aunque otros advierten que ella era la fiscal de Sala de Violencia de Género cuando se aprobó la ley y la circular de la Fiscalía General del Estado del 2023 que obligaba a todos los fiscales a recurrir las rebajas de las penas a los agresores sexuales que conllevó la ley a pesar de que el Supremo dijo que no era procedente.
Pero a pesar de lo que digan unos y otros, todos coinciden que su papel mientras dure su mandato será recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en la Fiscalía.
Nombramiento exprés y García Ortiz en funciones
Para empezar este reto habrá que esperar a que el Gobierno formalice su nombramiento. Mientras tanto, García Ortiz se quedará en funciones.
La llegada de la nueva fiscal general del Estado se hará lo más rápido posible para pasar página, tras la condena de García Ortiz por revelación de documentos. Fuentes gubernamentales explican que su nombramiento podría estar resuelto en quince días como mucho. El primer paso se dará hoy con el informe del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la idoneidad.
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo.
Sólo debe cumplir 15 años de ejercicio profesional y ser un jurista de reconocido prestigio. Se trata de un informe preceptivo aunque no vinculante. El último informe, del 2023, consideró inidóneo a García Ortiz después de que el Tribunal Supremo sentenciara que había cometido una desviación de poder en un nombramiento.
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Aún así, el Gobierno le nombró. Después, se convocará la comisión de justicia del Congreso para que acuda la candidata a exponer su proyecto. Los portavoces de las distintos grupos parlamentarios le harán preguntas. Una vez superado este trámite, volverá a ser el turno del Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
A partir de ese momento se celebrará la toma de posesión de Peramato como número uno de la Fiscalía. Será la cuarta persona que ejerce el cargo de fiscal general del Estado durante los mandatos de Pedro Sánchez.
La primera fue María José Segarra, elegida durante el Gobierno de Mariano Rajoy y mantenida en el cargo hasta el 2020, que cesó para ser sustituida por Dolores Delgado, hasta ese momento ministra de Justicia. Cuando ésta deja el cargo por motivos de salud en el 2022, se nombró a su número dos y hombre de máxima confianza, Álvaro García Ortiz.
