Teresa Peramato, próxima fiscal general del Estado, ha reconocido este jueves la “profunda herida” que deja la condena impuesta por el Tribunal Supremo a su antecesor, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de documentos que afectaban a la confidencialidad de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y se ha mostrado confiada en que esta sane bajo su mandato.
La fiscal Teresa Peramato comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso
Peramato, fiscal de Sala del Supremo experta en la lucha contra la violencia de género, ha sido propuesta por el Gobierno como próxima fiscal general del Estado. Este jueves pasaba el examen preceptivo ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de que el Ejecutivo eleve su propuesta para que la firme el Rey.
Sus primeras palabras han sido de agradecimiento a García Ortiz, para mostrar su “reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo en el camino recorrido para la modernización de la Fiscalía española”.
En su discurso, Peramato ha evitado calificar la condena impuesta por la Sala de lo Penal del Supremo, pero ha reconocido que ha supuesto “una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos”.
En el turno de palabra de los diputados, el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha defendido que la condena a García Ortiz de dos años de inhabilitación para ser fiscal general “es una injusticia” por parte de una sala “altamente politizada que ha actuado por impulso político”.
Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Pagès, se ha mostrado preocupado por la dependencia política de la Fiscalía y ha definido a García Ortiz como un “represaliado político”, aunque ha advertido que no se puede comparar con la represión que ha vivido el independentismo.
Desde Sumar, Enrique Santiago ha apoyado el nombramiento de Peramato y le ha deseado suerte, ya que en esta época ser fiscal general es más peligroso que trabajar en la “minería”. Santiago ha criticado la resolución del Supremo y el uso que supuestamente va a hacer de ella la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para quedar “impune” en la causa que hay abierta contra él por fraude fiscal.
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El escepticismo del PP y los reproches de Vox
Por contra, Peramato se ha enfrentado al escepticismo de PP, cuya diputada María Jesús Moro le ha pedido que censure recientes expresiones del presidente del Gobierno respecto a la condena a García Ortiz y que derribe el “muro” que dejó la frase que pronunció hace años: “De quién depende la Fiscalía... Pues eso”.
El PP le ha reclamado “la rebeldía de la normalidad, de la neutralidad” frente a su antecesor, que según este grupo dedicó “todo su esfuerzo a seguir instrucciones gubernamentales”, mientras que Peramato ha dicho que no va a hacer valoraciones políticas.
Pero los mayores reproches le han llegado de mano de Vox, que la considera “idónea” para “frenar en lo posible” las investigaciones que afectan al presidente de Gobierno, su familia y su partido, o para “perseguir a la disidencia”, según ha dicho el diputado Javier Ortega Smith.
Durante su discurso, Peramato ha defendido la independencia de la Fiscalía y ha recordado que “nuestros principios rectores, consagrados por el legislador constituyente. Son, por un lado, los de legalidad e imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica”. Y de esta última ha resaltado que “ha sido utilizada, en no pocas ocasiones, para sembrar dudas injustificadas sobre nuestra actuación”.
“Les digo, desde ahora. Que ello supone desconocer el funcionamiento de la Fiscalía, sus mecanismos para la toma de decisiones, su sistema de garantías y contrapesos y, desde luego, el trabajo diario de los 2.804 fiscales que componen el ministerio público”, ha añadido.
Peramato ha defendido las últimas reformas propuestas por el Gobierno como la de la ley de Enjuiciamiento Criminal o la del Estatuto Fiscal, y ha instado a todos los diputados a apoyar su aprobación. ”Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha visto más de 50 reformas desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, se ha revelado como una norma obsoleta, agotada. Nos encontramos ante la necesidad de dar respuesta a nuevas exigencias de una sociedad cada día más dinámica”, ha advertido.
A su juicio, la importancia de esta reforma para la justicia “es crucial, trasciende a la lógica de partidos y a la propia contienda política”. Por ello, ha querido hacer “un público llamamiento al consenso parlamentario, para que este hito histórico, esta norma transformadora de nuestra vetusta justicia penal, sea aprobada desde el diálogo y el acuerdo en favor del superior interés de la sociedad española”.
